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La Federación de Caza de Castilla-La Mancha y la Asociación de Propietarios para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente (Aproca) denunció ayer el cobro «abusivo» de las comisiones bancarias por CCM y Caja Rural en concepto de tramitación de licencias de caza y pesca.
Así, lo contaron en rueda de prensa el presidente de la Federación de caza, Juan de Dios García, y el presidente de Aproca, Luis Fernando Villanueva, quienes manifestaron que los cazadores y los pescadores están pagando más del doble de lo que cuesta la licencia.
García consideró que las licencias oscilan entre los 16,50 y los 32,78 euros, y las entidades bancarias están aplicando por tramitarlas, en algunos casos, una tasa de entre 10 y 14 euros, porcentajes que varían entre el 30 y 100 por ciento del coste real de las licencias. Explicó que en otras regiones no se cobran tasas, y añadió que Caja Castilla-La Mancha es la que «más recargo cobra».
Apliación arbitraria
Por ello, la federación y la asociación han puesto en conocimiento de la Consejería el cobro de estos recargos y han advertido a las Cajas a través de un documento. El presidente de la federación dijo que se trata de una «aplicación arbitraria» al no haber criterio fijo y la tasa difiere en cada lugar, por lo que advirtió que debe «rebajarse, suspenderse» o establecer una que fuera «razonable» para la próxima temporada. De este modo, ha hecho un llamamiento a los presidentes de las entidades y al Gobierno regional para que revisen estas tasas que se están aplicando a la tramitación de las licencias de cazadores y pescadores.
Por su parte, Villanueva explicó que son «más de 250.000 licencias» las emitidas en Castilla-La Mancha, lo que supone que las comisiones asciendan a 1,2 millones de euros.
Además, ambos mostraron su preocupación ante la solicitud de indemnizaciones por la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) a
los titulares de cotos, por los daños de especies cinegéticas a la agricultura que esta compañía está pagando a los titulares de tierras.
Federación y Aproca han denunciado que cuando los titulares del coto reciben las peticiones de daños, no pueden contrarrestar los informes periciales porque los cultivos ya están cosechados.
