Suárez-Quiñones ha reconocido que los ataques registrados año tras año suponen un "gran problema" debido a las pérdidas económicas que acarrean para las explotaciones ganaderas, además del debate social que genera la gestión de esta especie, tensión que genera un "conflicto de intereses" entre conservacionistas y ganaderos, ante el que el consejero ha pedido "sensatez".

La situación se agrava en el sur de la Comunidad, Ávila, Salamanca, sur de Zamora y Segovia, zona en la que se aglutinan 1.459 ataques y donde los ganaderos no están tan "acostumbrados" a coexistir con los lobos como en el norte. En concreto, la provincia más castigada por esta especie ha sido Ávila, donde los ataques han aumentado en un 66% y las cabezas muertas, en un 71%.

Sin embargo, en el primer semestre de 2017 han disminuido los daños causados por el lobo a la ganadería con carácter general en la Comunidad, aunque en la zona del sur del Duero, de nuevo, la única provincia que no ha experimentado este descenso ha sido Ávila, donde existe un "especial problema", ha apostillado el consejero.

Además, es necesario proteger las explotaciones de ganadería extensiva presentes en la región abulense porque de ellas deriva, no sólo un sector económico sino también la conservación de la vida de los pueblos de la Comunidad y del "imprescindible" medio rural, ha aseverado.

Medidas preventivas y compensatorias

Por ello, la Junta prevé una serie de medidas preventivas y compensatorias ante los daños causados a la ganadería por los ataques del lobo al sur del Duero. A través de ellas, ha explicado Suárez-Quiñones, se logra que la situación esté "contenida", pero "ni mucho menos, solucionada".

Asimismo, el consejero es "consciente" de que el principal objetivo es el "entente cordial" entre los dos "intereses capitales" que están en juego en Castilla y León, la conservación de una especie "estrictamente protegida" y la conservación de la ganadería extensiva.

Aunque el consejero no ha anunciado medidas concretas para paliar estos ataques más allá de los controles poblacionales, ha afirmado que a mediados de octubre, técnicos europeos visitarán los territorios afectados para tratar el problema 'in situ'.

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