Agricultores, ganaderos, propietarios y gestores de cotos se niegan a que la información privada contenida en los planes técnicos de caza de sus respectivas explotaciones se divulgue sin su consentimiento y a que la Administración la ceda a los grupos ecologistas. Por ello, Asaja Sevilla, en representación del colectivo, ha presentado alegaciones en la delegación territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y ha manifestado su malestar al Defensor del Pueblo Andaluz.

El conflicto surge al «tener conocimiento de una petición de información ambiental que presenta Ecologistas en Acción a la Consejería consistente en la solicitud de copia de todos los planes técnicos de caza de la provincia de Sevilla», explica el secretario general de la patronal agraria, Eduardo Martín. Para Asaja Sevilla, esta petición es «manifiestamente irrazonable» pues, según Martín, «un plan de caza es un documento particular que paga cada titular de su bolsillo donde se ordena la gestión cinegética de una propiedad, pero no es una información ambiental pública».

En este sentido, el secretario general de la organización aclara que «Ecologistas en Acción tiene derecho a la información ambiental que recopila la Consejería de Medio Ambiente de los planes técnicos de caza, así como de otros documentos, que facilita al público a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía (Rediam), pero no a los planes técnicos de caza en sí». A este respecto, señala que estos «no se encuentran integrados en la Rediam porque no suponen información ambiental, ya que si lo fuera, la obligación de los órganos de la Administración pública sería incluirlos».

Desde la provincial de Asaja confían en que «se denieguen las solicitudes de información ambiental» requerida por los ecologistas, ya que la revelación de la información solicitada puede afectar negativamente a la confidencialidad de datos, pues en los documentos pueden incluirse datos comerciales respecto de la actividad cinegética que se realiza en cada explotación.

Contra la propiedad intelectual

Igualmente, al entregarse copia de los planes, se puede incurrir en una ilegalidad al ir contra los derechos de propiedad intelectual, ya que el plan de caza tiene un autor, que es el técnico que lo ha redactado, y un titular, que lo ha abonado y no ha autorizado su divulgación.

La petición de Ecologistas en Acción no es nueva para la organización agraria Asaja, que representa el 75% de los terrenos de caza en Andalucía, ya que «hace un año y medio se dio una situación similar en la provincia de Córdoba». Por ello, «hemos transmitido a todas nuestras organizaciones provinciales nuestra postura de rechazo y oposición a la divulgación pública por parte de la Administración de los planes técnicos de caza».

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