Ante la subida de más de un 60% en la cuantía de las tasas administrativas cobradas a los cazadores a partir del año 2013, la federación de caza de la comunidad ha manifestado su absoluto rechazo, asegurando que la intención de la Administración «refleja ineficacia y demuestra prepotencia con afán recaudatorio sin especificación previa de las causas razonadas».

 

Según ha manifestado en un comunicado, la Federación considera que esta medida tendrá como consecuencia el «fin» del colectivo de cazadores, por lo que asegura que «es hora de planteamientos más beligerantes» por su parte, con el objetivo de «conseguir un tratamiento más honorable». Exponen desde este organismo, que no es justificable «en estos momentos un incremento de las tasas» puesto que «los recortes son los protagonistas de la escena».

 

Debido a esto explican que no les «duelen prendas» en decir «que los cazadores nos resistimos a seguir aportando cantidades ingentes en tasas, gravámenes, licencias, aranceles, cánones, recargos, indemnizaciones por daños y todo lo que se les ocurra, añadidos a los gastos por alquileres de cotos, armas, cartuchería, desplazamientos, piensos, perros, seguros, medidas de seguridad, y todo ello para disfrutar de unas pocas jornadas de caza al año, sujetas a planes técnicos de dudosa eficacia, y para volver a casa sin ver una perdiz, a pesar de lo que aportamos, por el nulo control en nuestros campos sobre las actuaciones agrarias agresivas (tipos de siembras, períodos y formas de recogida, pesticidas, herbicidas, quemas incontroladas), la escasa vigilancia del furtivismo, y en general la degeneración de los hábitats amenazados sobre todo por la incapacidad e ineficacia manifiesta de la Administración».

 

 

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