Mataderos de San Vitero (Granjas Alistanas), Del Pino en Orense, y de Astorga tendrán que acreditar cuándo acudían los dos ganaderos de Asturianos, P.O.C. y F.J.O.C., los únicos imputados en un delito de tráfico de carne -parte de ella obtenida de la caza mayor ilegal-, a sus instalaciones para sacrificar los animales cuyas canales eran posteriormente introducidas en el mercado por los acusados. La juez de Puebla de Sanabria trata así de determinar si el producto comercializado disponía de los sellos sanitarios correspondientes o si era vendida sin pasar ningún control veterinario, como sospecha la Guardia Civil que investigó la supuesta actividad ilegal de los hermanos propietarios de la mayor explotación ganadera de Asturianos.

Tales instalaciones fueron mencionadas por los imputados cuando la magistrada de Puebla les tomó declaración dos días después de haber sido detenidos por la Guardia Civil dentro de la «operación petardo» dirigida desde el equipo de Medio Ambiente de Madrid.

La juez ha requerido a los propietarios de esos mataderos, entre los que se encuentra otro de Ciudad Real, para que entreguen la documentación registral que certifique la legalidad de las relaciones comerciales. Y es que los seis comerciales e industriales de las localidades sanabresas de El Puente, Padornelo y Palacios que adquirieron carne a los conocidos ganaderos de Asturianos afirmaron, cuando fueron llamados a declarar al Juzgado como testigos, que las piezas adquiridas tenían sellos de esas instalaciones. Nunca sospecharon, pues, que las reses hubieran sido sacrificadas por los propios ganaderos en el matadero clandestino que utilizaban, anexo al domicilio de uno de ellos, tal y como apuntan los informes del equipo especial de Medio Ambiente de la Guardia Civil, desplazado desde Madrid para dirigir la «operación petardo» con sus compañeros de la policía judicial de Zamora. Entre los clientes de los hermanos implicados en la presunta «trama de Asturianos» estaría otro industrial de Quintanilla, Portugal, y un comercial de Salamanca.

Ante el hallazgo de medicamentos sin receta, la magistrada ha dictado un auto en el que exige al veterinario del Puente los resguardos de las facturas relativas a las medicinas que ha recetado para poner en tratamiento a las reses de la ganadería de los imputados. El Juzgado también ha instado a los industriales detenidos a que presenten los albaranes de los medicamentos que incautó la Guardia Civil durante el registro a las naves, el matadero ilegal y los domicilios de los arrestados por un presunto delito de venta de carne sin garantía sanitaria, caza ilegal (contra la flora y la fauna) y tenencia ilícita de armas. Al hijo de uno de ellos, F.J.O.H., y dos amigos del joven, J.R.B. y un menor de edad, se les acusa de un delito contra la flora y la fauna y a los cinco, de daños. A tres guardias del cuartel de Puebla de Sanabria se les imputa un delito de omisión del deber de denunciar delitos y otro de revelación de secretos.

Armas y trofeos de caza mayor incautados por la Guardia Civil en el registro del matadero ilegal de Asturianos, propiedad de los detenidos.

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