La Sección primera de la Audiencia Nacional ha inadmitido el recurso presentado por Ecologistas en Acción contra la Estrategia Nacional Cinegética, dando la razón a la parte demandada, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; así como a Fundación Artemisan, la Xunta de Galicia, la RFEC y otras entidades del sector personadas como codemandadas.

La decisión vuelve a dar un varapalo a Ecologistas en Acción, que interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la aprobación de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, realizada por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en su reunión del 7 de marzo de 2022.

Ante ello, la parte demandada y las codemandadas presentaron alegaciones en las que señalaban que el recurso era inadmisible por ser la aprobación de la estrategia no susceptible de impugnación, algo que ratifica la sala al recordar que la estrategia no es vinculante, ya que la regulación de la caza es competencia de las Comunidades Autónomas y que son ellas las que deciden si adherirse o no a las recomendaciones establecidas.

En este sentido, recuerda que cada Comunidad Autónoma ha desarrollado un modelo de caza acorde con realidad territorial, asumido y apoyado por su sector cinegético y que la estrategia reconoce la existencia de estos modelos legales y regulados, amparando la diversidad cultural en relación con el aprovechamiento cinegético en los distintos territorios del Estado, e incide en la voluntariedad por parte de las comunidades autónomas de la adhesión de los contenidos.

“Es decir – añade el auto- en la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética se pone de relieve su carácter orientativo y no vinculante, dejando a salvo las competencias que corresponden a cada comunidad autónoma”, siendo la normativa de las distintas comunidades la que puede ser objeto de impugnación, pero no la propia estrategia nacional, que es “un acto no susceptible de impugnación”.

Fundación Artemisan aplaude que, una vez más, los tribunales vuelven a dar la razón al sector cinegético y rechacen los postulados de entidades como Ecologistas en Acción, que intentan una y otra vez, sin fundamentos ni argumentos técnicos ni científicos, impedir a los cazadores desarrollar una actividad que no solo es legal y regulada, sino que además es positiva para el medio ambiente, para la biodiversidad y para la población en general.