La Asociación de Paranyers de Castelló (Apaval) aseguró ayer que sus cazadores simplemente "cederán" sus "paranys" para que la Universitat Politècnica de València lleve a cabo experimentos científicos, aunque admiten que la Generalitat todavía no ha dado ningún permiso a tres semanas para el inicio de la temporada, tradicionalmente enmarcada entre el 12 de octubre y el 7 de noviembre.

Así lo confirmó ayer el presidente del colectivo de cazadores, Miguel Ángel Bayarri, quien explicó que la solicitud de autorización para 39 "paranys científicos" en Castelló "surge a raíz de una propuesta de la Universitat Politècnica de València para hacer unos estudios científicos; y nos pidieron a los paranyers la cesión de las instalaciones; es por ello que presentamos una lista con todos los paranyers que se ofrecían para los estudios y pedimos la autorización de sus instalaciones". 

No obstante, la Conselleria de Medio Ambiente ya ha confirmado que rechazará la cifra de permisos propuesta por Apaval -que asegura haberla presentado conjuntamente con la UPV- y que sólo se concederá "el número mínimo necesario para poder llevar a cabo los experimentos científicos". Los técnicos de Medio Ambiente todavía están decidiendo el número de "paranys" que autorizarán de modo excepcional, ya que este tipo de caza de aves sigue prohibida por décimo año consecutivo por la Unión Europea, el Gobierno, la normativa estatal y un reciente fallo del Tribunal Constitucional. 

La Asociación de Paranyers (Apaval) y el Consell insisten en proponer al Gobierno una reforma legal para autorizar el "parany" sin muerte, aunque incluso el Gobierno español guarda silencio.

No en vano, la Unión Europea ya sancionó a España por el intento de Ley de Caza de la Generalitat Valenciana y el Tribunal Constitucional ha declarado nulo el artículo de la Ley Valenciana de Caza que pretendía legalizar el "parany" y concluye en sentencia firme que la Generalitat Valenciana se excedió en sus competencias y que intentó autorizar un método masivo y no selectivo prohibido de forma tajante por la normativa de la Unión Europea. 

Los magistrados del máximo órgano judicial español han declarado "anticonstitucional" este intento de legalización y han marcado un punto de inflexión en el debate que inició la Generalitat en 2009 al defender públicamente el "parany" y aprobar una ley de caza autonómica con el ánimo de legalizarlo.

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