Alberto García González, el pasado jueves tras declarar durante casi siete horas en un juzgado de Ponferrada. ana f. barredo

Nadie se ha callado esta vez. Al menos siete testigos han declarado a la Guardia Civil que el celador acusado de incendiar Los Ancares, Alberto García González, circulaba en su vehículo oficial en la zona de Porcarizas y Villar de Acero (Villafranca del Bierzo) cuando sobre las cuatro de la tarde del pasado 17 de octubre, el fuego comenzó a propagarse por los montes de la Reserva Regional de Caza de Los Ancares. La colaboración de los vecinos de los pueblos afectados por el incendio intencionado —que acabó calcinando 305 hectáreas de roble, acebo, matorral y brezo— y de personal del servicio forestal, precipitó la detención del celador de 44 años de edad en su vivienda de Ponferrada, según fuentes cercanas a la investigación que mantiene abierta el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Los testimonios recogidos por los agentes del Seprona ha permitido reunir los suficientes indicios como para detener a García González, que supuestamente se habría valido de su vehículo oficial para circular por las pistas de montaña sin despertar sospechas inicialmente. Acusado de momento de un delito de incendio de masa forestal castigado con penas de uno a cinco años de cárcel, las suspicacias vecinales y de algunos de sus compañeros en el servicio forestal de la Junta de Castilla y León acabaron convirtiendo a Antonio García González en el principal sospechoso de la investigación abierta para aclarar la oleada de incendios que han asolado en el mes de octubre los montes de Los Ancares y que necesariamente tiene que ser responsabilidad de más de una persona.

García González, que se ha declarado inocente, ya habría negado ante algunos vecinos de la zona que tuviera algo que ver con los incendios. El celador —encargado de vigilar las especies cinegéticas en la Reserva de Los Ancares y de acompañar a los cazadores que compran una pieza en subasta para abatirla— ya había visto dañada su reputación tras ser sorprendido por el Seprona, «hace dos o tres años», señalan las fuentes, con un corzo cazado sin el precinto oficial. El Seprona procedió a denunciarle, pero la infracción administrativa no prosperó.

La titular del juzgado número de Ponferrada, de guardia cuando el pasado jueves el detenido pasó a disposición judicial, dio veracidad a los testimonios recogidos por la Guardia Civil y consideró que existen los suficientes indicios en contra de Alberto García González como para decretar prisión provisional a la espera de juicio, eludible con el pago de una fianza de 10.000 euros.

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