En España no existe un problema de abandono y maltrato animal de los perros de caza. El Ministerio del Interior del Gobierno de España, en una respuesta a una pregunta escrita del diputado de Unidas Podemos, Juan López de Uralde, ha afirmado que en el año 2021 (el último del que se tienen registros) se produjeron un total de 56 infracciones penales de maltrato y abandono de animales domésticos.

En este sentido, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha hecho públicos los datos disponibles en el Ministerio del Interior sobre las tipologías penales de maltrato y abandono de animales domésticos (artículo 337 del Código Penal), cuyo objeto han sido perros, sin especificar la actividad específica del animal, por lo que no se puede diferenciar si el perro se dedica a la caza u otras actividades.

En total, se registraron 79 infracciones en 2018, 65 en 2019, 41 en 2020, 56 en 2021 y 24 entre enero y julio de 2022, lejos del bulo de los 50.000 galgos ahorcados al año que defienden desde entidades animalistas y Unidas Podemos, que durante los últimos meses han intensificado durante su campaña de odio contra la caza al acusar falsamente al sector cinegético de “abandonar y maltratar a los perros de caza”.

El presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Manuel Gallardo, ha exigido a Unidas Podemos que cese su “campaña de mentiras y odio contra los cazadores y todo aquel que no comulga con su ideología animalista” y acepte “la mayoría social y parlamentaria que ha rechazado una ley que acabaría con la caza y todo el mundo rural”.

LA RFEC YA EXIGIÓ EL CESE DE BELARRA POR DELITOS DE ODIO A LOS CAZADORES

El pasado jueves 2 de febrero, la RFEC pedía por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese de la ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ante las falsas y graves acusaciones vertidas recientemente hacia los cazadores y los grupos parlamentarios que rechazan la Ley Animalista.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Galgo, la ministra junto a otros cargos públicos de la formación morada, como la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, o el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, aprovechaban para lanzar una serie de mensajes de odio hacia el sector cinegético al acusar a los cazadores de “maltratadores, de abandonar los perros al finalizar la temporada de caza o de usarlos como herramientas”, cuando realmente el sector cinegético es el colectivo más numeroso en posesión de perros y el que menos abandono produce.