«El pueblo está en pie de guerra, está deseando echarse a la calle para denunciar una injusticia brutal». Son declaraciones de Juan Molero (PSOE), alcalde de Isla Mayor, un pueblo del Bajo Guadalquivir de 6.000 habitantes que ha visto cómo una sentencia del Tribunal Supremo le ha segado de raíz de la noche a la mañana casi 200.000 jornales anuales y un volumen de facturación en torno a los 20 millones de euros.

La pesca de cangrejos mueve unos 20 millones de euros al año - F.R.M.

El foco del conflicto no es otro que el Procambarus clarkii, conocido como cangrejo rojo, una especie introducida en 1974 en la marisma del Guadalquivir impulsada por la Administración Central y las autoridades medioambientales (Icona), con un argumento socioeconómico de apoyo al desarrollo de zonas rurales deprimidas económicamente y amparadas bajo un concepto ecológico, dado que la introducción se realizó en zonas donde existía un nicho ecológico vacío para el cangrejo.

Desde entonces se ha ido desarrollando un próspero sector pesquero e industrial teniendo como base la explotación de esta especie que actualmente se encuentra totalmente naturalizada en la comarca de las marismas del Guadalquivir.

En 2012 Ecologistas en Acción intentó incluir al cangrejo rojo en el catálogo de especies invasoras exóticas, lo que conllevaba la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares, además de unaacreditada constatación científica sobre su carácter dañino, algo que consiguió esquivarse gracias al reconocimiento del cangrejo como un recurso zoogenético (diversidad de especie que contribuye a las necesidades humanas), aunque hace escasos días se ha estimado el recurso que elimina de ese privilegio.

La indignación es mayúscula: «El 70% de la población de Isla Mayor está ligada a la explotación del cangrejo. A nivel económico y social esta sentencia supone la ruina del municipio». Y es que esta medida judicial da al traste con el tercer productor (cuatro millones de toneladas) a nivel mundial por detrás de China y Estados Unidos, y el segundo exportador, solo superado por China.

En palabras del alcalde a ABC Provincia, «el Ministerio de Agricultura debe legislar correctamente y modificar la normativa o crear una ley nueva que permita salvar la situación jurídica. En caso de que esto no ocurra también cabe la posibilidad (remota) de crear un real decreto u otra normativa a nivel regional que salvaguarde esa categoría de especie invasora exótica y haga viable su pesca y comercialización en esta zona aduciendo una importante repercusión económica en la zona».

Isla Mayor no está sola en esta reivindicación, le acompaña la Junta de Andalucía; otros municipios afectados (Coria del Río, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Utrera, Las Cabezas, Lebrija, El Cuervo y Trebujena); el sector arrocero, el Parque de Doñana, a través de su gerente José Juan Chans; y el CSIC, que maneja estudios que demuestran la inviabilidad de su erradicación debido a la gran cantidad de pesticidas que habría que vertir en aguas de las marismas y de Doñana, lo cual eliminaría a otras especies acuáticas de la zona, además de contaminar a especies que se alimentan en estas aguas como cigüeñas, flamencos, garzas o garcetas.

«La decisión del Supremo es un guantazo»

Para Elisabeth Carnerero, gerente de Emfacar, una de las cinco empresas que componen la industria cangrejera de Isla Mayor, «esta sentencia es un guantazo en toda nuestra cara de repente y sin esperarlo. Nos deja en fuera de juego tras la fuerte inversión que hemos hecho y que ahora quedará prácticamente sin utilizar».

Esta vecina de Isla Mayor se refiere a las nuevas instalaciones dedicadas especialmente al cangrejo que estrenaron hace apenas dos años y que tuvieron un coste de dos millones de euros para esta empresa fundada en 1992 que actualmente elabora y comercializa el cangrejo rojo principalmente capturado en la comarca de Doñana mediante una pesca tradicional y que en fechas de máxima producción supera los 800.000 kilos y supera los 250 trabajadores.

El cangrejo lo elaboran para comercializarlo en múltiples formatos (vivo, crudo congelado, cocido congelado, cangrejo en salsa y las colas de cangrejo cocidas y peladas) por países como Dinamarca, Francia, Bélgica, Holanda y Estados Unidos. En España ya perciben los primeros efectos de la sentencia. Empresas como Mercadona han paralizado sus habituales pedidos hasta que se aclare la situación.

En este sentido, es un auténtico drama ver las numerosas cámaras frigoríficas repletas de cientos de miles de kilos de cangrejo listos para ser transportados y que debido a esta prohibición, no podrán llegar a su destino.

Según Elisabeth Carnerero, este conflicto se debe en parte al desconocimiento de este grupo de ecologistas. «Todos estamos de acuerdo en que es necesario regular el sector, pero creo que para nada la solución es erradicarlo. Además, no veo viable eliminarlo mediante pesticidas ya que desdeDoñana descartarían rotundamente esta opción.

¿Cuál es la otra opción, dejar de pescarlos? Hay que recordar la rapidez con que se reproduce este tipo de cangrejo. Hace una década, antes de comenzar el auge de esta industria era bastante frecuente pisar miles de cangrejos por el asfalto al cruzar la carretera que une La Puebla con Isla Mayor. De hecho, me duele que cierto sector nos vea como los malos de la película. Es una plaga, y hasta ahora hemos controlado su población con la pesca. Pese a todo, soy optimista y todo el apoyo que tenemos necesariamente tiene que derivar en un acuerdo a través del cual podamos seguir produciendo», dice.

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