La trama ideada por funcionarios de la Xunta que cursaron, previo pago de diferentes cantidades de dinero, 836 licencias de caza entre los años 2007 y 2012 todavía colea. El Gobierno gallego, cuando conoció este negocio ilícito, optó por anular la totalidad de documentos, aunque solo parcialmente.

Para poder hacer efectivo este pasó solicitó la ayuda de un órgano de carácter técnico jurídico como es el Consello Consultivo, que desde la primavera del 2013, y por fases, está analizando y anulando, de forma individualizada, cada una de las licencias remitidas por la Consellería de Medio Ambiente, departamento en donde se gestó este negocio ilícito.

El Consello Consultivo acaba de resolver otro lote de documentos fraudulentos que anuló a través de dictámenes. Se trata de 68 expedientes, a los que hay que sumar otro grupo todavía mayor que fueron cancelados en abril de este año.

Lo curioso de este proceso es que se haya dilatado tanto en el tiempo, ya que la trama fue descubierta a principios del 2013.

Otra hecho llamativo es que los beneficiarios de la trama, a la hora de conseguir los documentos sin la necesidad de superar un examen obligatorio, no fueron inhabilitados temporalmente para ejercer actividades cinegéticas. Es más, en el último año y medio se ha notado un incremento de personas que se presentan a dichas pruebas para lograr las licencias por los cauces oficiales.

Esta casuística responde a los cientos de personas que se quedaron sin el permiso obligatorio para cazar y que ahora sí están presentándose a las pruebas. Los últimos datos oficiales revelaban que más del 42% de los afectados presentaron alegaciones y documentación con la que intentar justificar sus actos, mientras que el 20% estaba a expensas de conocer las resoluciones del Consello Consultivo.

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