El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, señaló este jueves que promoverá acuerdos voluntarios con los propietarios de fincas privadas en los parques nacionales para que no puedan cazar, pescar o talar, y calculó que el coste de las indemnizaciones para que los dueños pierdan estos derechos pueden superar los 300 millones de euros.

Ramos hizo esta apreciación en un encuentro con periodistas después de que el Congreso de los Diputados aprobara definitivamente la Ley de Parques Nacionales, que establece una prórroga hasta 2020 para que en fincas privadas de estos espacios protegidos puedan realizarse actividades prohibidas recogidas en la propia norma, entre ellas la caza.

Destacó que su departamento irá “estudiando caso a caso” para que los dueños dejen de ejercer estos derechos a través de la formalización de acuerdos voluntarios o, en último caso, de la expropiación de esos usos prohibidos.

Es decir, subrayó que el acuerdo voluntario debe traducirse en “la adecuación” de determinados usos que el propietario viene ejerciendo a lo que estipula la ley respecto a las actividades prohibidas en los parques nacionales.

Concretamente, la norma prohíbe la pesca deportiva y recreativa, la caza deportiva y comercial, la tala con fines comerciales; aprovechamientos hidroeléctricos, vías de comunicación y redes energéticas; las explotaciones y extracciones mineras, de hidrocarburos, áridos y canteras, y el sobrevuelo a menos de 3.000 metros de altura.

Ramos indicó que Medio Ambiente baraja “una horquilla muy variable” en el caso de que tenga que desembolsar indemnizaciones, que oscilan entre los 50 millones de euros y “cantidades superiores a los 300 millones”, si bien aseguró que no existe un “plan financiero” al respecto.

“UNA PENA”

Por otro lado, Ramos afirmó que la caza deportiva (no en concepto de control poblacional de especies) se practica en los parques nacionales de Cabañeros, Sierra Nevada, Sierra de Guadarrama y Monfragüe, y criticó el “cortoplacismo político” de las organizaciones ecologistas que han mostrado su desacuerdo con que pueda ejercerse esta actividad hasta 2020, puesto que la anterior Ley de Parques Nacionales, de 2007, permitía este uso hasta 2017.

Además, consideró “una pena” que la norma aprobada este jueves no haya suscitado el consenso con los grupos de la oposición y que el debate político “ha oscurecido” lo que, a su juicio, es lo más importante de la ley: que establece mecanismos de coordinación de la red de parques nacionales.

Ramos se mostró convencido de que “en ningún caso” el texto es inconstitucional, como han dejado caer algunos portavoces parlamentarios. “Con esta ley, el Estado manda el mensaje de que no deja de lado los parques nacionales”, apostilló.

Por último, Ramos afirmó que la nueva norma mejora la de 2007 e introduce novedades como una comisión de coordinación en cada parque nacional cuyo territorio está situado en más de una comunidad autónoma y un comité de colaboración y coordinación, que reunirá periódicamente a los responsables técnicos de todos los parques junto con los del Estado.

Además, recalcó que incorpora un comité científico de parques nacionales, abre la posibilidad de que estos espacios se amplíen hacia el mar, se refuerza la participación de los municipios del entorno en la gestión de los parques y se crea la marca ‘Parques Nacionales de España’.

FUENTE: SERVIMEDIA