Imagen del estado casi desértico en el que ha quedado el coto de caza debido a la sobrepoblación de animales

El Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba ha imputado a varios altos cargos de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Córdoba a raíz de una denuncia interpuesta por la firma Dehesa Pilmar ante una serie de «actuaciones arbitrarias» relacionadas con el vallado de una finca propiedad de la mercantil. Así, los encausados -algunos de los cuales ya han prestado declaración- son el exdelegado del ramo Luis Rey; tres jefes de servicio y un funcionario. El representante legal de la denunciante les acusa de la presunta comisión de delitos de prevaricación, daños y falsedad documental, y la comisión de una infracción contra especies protegidas.

Según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, en 1998, la mercantil titular de la finca Huerto Cepas, ubicada en el término municipal de Espiel, solicitó al Ayuntamiento de la citada localidad licencia para la instalación de una malla ganadera. El Consistorio recibió dicha petición y la remitió a la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente. Al no recibir respuesta alguna de la Junta, fue concedida la autorización por silencio administrativo.

Desde el año 1999 hasta 2004, la actividad de la caza fue realizada en el coto y finca con total normalidad, y con la malla colocada. De hecho, según la denuncia, la parcela ha estado vigilada durante ese periodo «por la Guardería Rural, los agentes de Medio Ambiente de la Junta y el Seprona, entre otros», y ninguna de esas fuerzas denunció hecho alguno sobre la valla.

En 2004, Ecologistas en Acción presentó una demanda ante la Delegación de Medio Ambiente denunciando la existencia de un pastor eléctrico (una alambrada electrificada) en todo el perímetro de la finca. En ningún momento, el colectivo dijo nada sobre la malla ganadera.

De este modo, se abrió un procedimiento sancionador contra Dehesa Pilmar que, «curiosamente, recogía que el expediente se incoaba por una presunta infracción en materia de especies protegidas», algo que, según la mercantil, no tiene sentido, puesto que «en la finca solo hay animales de caza».

El informe realizado por uno de los jefes de servicio imputados «se ciñó a la existencia de la malla [...] para decir que era ilegal y que dicho cercado ni estaba autorizado ni se había solicitado su instalación a la Delegación provincial». Según la demandante, «estos extremos son inciertos, pues la malla se instaló con todas las autorizaciones pertinentes y la Delegación tenía pleno conocimiento de ello».

Además, en el citado informe consta la participación de tres agentes de Medio Ambiente que habían tenido problemas con el representante legal de Dehesa Pilmar «con el fin de realizar un informe desfavorable» para la mercantil, apunta la denuncia.

Con toda la documentación, el funcionario imputado instruyó el expediente sancionador en marzo de 2005 que dio pie a la Administración a «ir desestimando todos los planes técnicos de caza» que presentaba la mercantil, reclamando que se eliminara la malla y el pastor eléctrico.

La denuncia prosigue afirmando que no sólo el jefe de servicio que elaboró el informe mantenía que en Medio Ambiente no había tenido entrada la solicitud de autorización de la valla, sino que el por entonces delegado provincial, Luis Rey, se pronunció en los mismos términos. Para Dehesa Pilmar, estos hechos «deben ser investigados», puesto que «no entendemos esa insistencia en negar lo evidente», puesto que cuenta en su haber con el documento que demuestra que sí se realizó la referida solicitud.

Para la firma, tanto Rey como el jefe de servicio que elaboró el informe en el que se apoyó el expediente sancionador, «han ocultado o negado la existencia de documentos o la entrada de los mismos en el organismo en el que prestan sus servicios».

Daños en la finca

La sistemática denegación de los planes técnicos de caza en este coto ha tenido, afirman, «graves consecuencias» para el mismo, según la denuncia. «A día de hoy, los daños causados a la finca y coto de mi representada son casi irreparables», asegura. Y ello a pesar de que el representante legal de la mercantil se dirigiese al la Dirección General de la Caza de la Junta de Andaluclua para que le aprobara cacerías extraordinarias a celebrar en los años 2007, 2008 y 2009.

A pesar de que el responsable de la citada área aprobase esas intervenciones puntuales, «la Delegación provincial, que se hizo cargo de la competencia pese a la concesión general otorgada, denegó las cacerías de los años 2008 y 2009». Por ello, la denunciante se pregunta «¿por qué esos miembros de la Administración [Luis Rey y el jefe de servicio] quieren mantener un criterio distinto al de un superior de su misma Consejería?».

La mercantil considera que «se han tomado una serie de resoluciones administrativas arbitrarias e injustas, que deriva en un posible delito contra la flora y la fauna (se está permitiendo el destrozo de una finca por personas que deben ocuparse precisamente de que ello no suceda)».

Finalmente, la denunciante mantiene que cuenta con testigos que afirman haber escuchado decir al citado jefe de servicio de Medio Ambiente que «con esa finca [en relación a Huerto Cepas] van a terminar sus propios animales y yo me encargaré de ello».

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