Estas entidades sostienen que existe un pago duplicado de los daños de la fauna silvestre ya que el Principado indemniza a los ganaderos cuyas reses han sido alimento del cánido, pero las administraciones públicas financian también una parte de Agroseguro, entidad que agrupa 27 entidades aseguradoras en el medio rural y de la que todos los ganaderos denunciados son o han sido clientes.

La denuncia de los ecologistas es más amplia. Piden que se investigue también una supuesta «dejación de funciones y aparente complicidad» por parte de la consejería a la hora de permitir esa duplicidad en los pagos que los ecologistas consideran irregular. Porque los colectivos sostienen que alertaron meses atrás de esta situación a la Administración regional sin que ésta, dicen, hiciese nada. También incluyen en su denuncia lo que consideran «graves deficiencias» en la peritación de los daños por parte de algunos funcionarios y dejan entrever la existencia de una presunta trama de tráfico de animales desde otras comunidades a Asturias para que sean presa de los lobos y cobrar así los daños.

La propia Asociación de Guardas del Medio Natural del Principado salió ayer a escena para denunciar que ellos llevan años advirtiendo a la Administración regional de los dobles cobros en las indemnizaciones por daños de lobo, «la introducción de ganado en el monte en zonas con presencia de esta especie para que sea comido por el lobo o el mal manejo que se hace de éste y que favorece los ataques al ganado doméstico». Todo ello quedó reflejado en «informes y sugerencias» remitidos a la consejería que fueron reiteradamente ignorados, afirman.

Los guardas también critican que no exista un protocolo de actuación para las inspecciones de los daños del lobo. Y así, se produce «una descoordinación total en la forma de llevarlas a cabo o la tasación de los daños de distinta forma en función de la zona donde se produzcan».

«Un procedimiento normal»

La consejera de Agroganadería, María Jesús Álvarez, afirmó el miércoles que la actuación de su departamento había sido acorde a la normativa vigente. «Nosotros tenemos una ley que hace que paguemos los daños que produce la fauna silvestre en los bienes de los ganaderos. Cada vez que hay un daño éste se verifica y siempre que se demuestra que ha sido por causa del lobo, en función del baremo que tenemos, se abona. Esto forma parte de un procedimiento normal en el marco de la ley», aseguró.

Hasta el momento, de la investigación policial puesta en marcha como consecuencia de la denuncia de los ecologistas se sabe que la Guardia Civil ha analizado ya 10.000 expedientes que, cruzados con los datos de pagos de la consejería y de Agroseguro, han permitido a los agentes comprobar que en 1.200 casos se había realizado una doble reclamación de los daños ocasionados a un mismo animal.

El sindicato agrario UCA atribuye la problemática a que, desde 2010, Agroseguro incluye una cláusula que cubre los daños producidos por la fauna salvaje al ganado y que «parece que en Asturias no se puede usar, pero que tampoco dan la opción de quitarla», señaló Joaquín López, secretario general de UCA, quien también indicó que el Principado es la única comunidad autónoma donde la Administración paga los daños del lobo. El sindicalista entiende que en esta problemática ha habido un importante «fallo de comunicación» ya que desde el Gobierno regional no se había comunicado a los ganaderos que no podían reclamar la indemnización por sus animales muertos por la acción del lobo al seguro si ya lo habían hecho a la consejería, algo que comparten las otras dos principales organizaciones agrarias de la región: COAG y Asaja.

De hecho, desde esta última formación, Geli González mantiene sus dudas respecto a que haya una ley que impida a los ganaderos cobrar también del seguro que tengan contratado para cubrir los daños del lobo. Insiste González en que «en ningún caso los ganaderos actuaron de mala fe, no se debe buscar la culpabilidad de personas que no pretendían enriquecerse y que no tenían conocimiento de poder estar cometiendo una irregularidad».

La excepción de los Picos

Pero no todas las administraciones incurrieron en este error. En el Parque Nacional de los Picos de Europa se tomaron ya hace unos años medidas para evitar estas duplicidades. Según explicó el director del espacio protegido, Rodrigo Suárez Robledano, «adoptamos medidas de seguridad y desde hace años a cada persona que solicita un daño se le explica que sólo puede recibir una percepción por él». Los investigadores de la Guardia Civil también analizaron los expedientes de daños del Parque, aunque Suárez Robledano indica que sólo en un puñado de casos encontraron una doble reclamación dentro del espacio protegido, y en su práctica totalidad corresponden al año 2010, cuando entró en vigor la cláusula de Agroseguro que cubre los daños de la fauna silvestre.

Desde el pasado lunes cientos de ganaderos -se calcula que al menos 350- han recibido en sus domicilios la visita de los agentes de la Guardia Civil para comunicarles que estaban imputados y no detenidos por un presunto delito de estafa en base a un supuesto doble cobro de las compensaciones por los daños del lobo. Todo parte de una denuncia presentada por dos colectivos conservacionistas: Ascel y la Coordinadora Ecoloxista.

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