Gurelur ha presentado ante la Fiscalía una denuncia al considerar que el departamento de Medio Ambiente del Gobierno foral cometió ilegalidades al conceder autorizaciones para la caza de especies silvestres en el Parque Natural del Señorío de Bertiz. El departamento autorizó en 2010 a 24 cazadores a acceder a una zona del parque con arcos y flechas para batidas de ciervos, corzos y jabalíes durante un año. La medida excepcional, en un paraje donde las prácticas cinegéticas están prohibidas por el propio plan de gestión y uso regulador, fue adoptada por razones de control de las tres especies ante su "alta densidad" corroborada por los responsables técnicos.

Antes de esta denuncia, Gurelur presentó otra al director general de Medio Ambiente. Como no obtuvo respuesta, dirigió una queja al Defensor del Pueblo que, "tras estudiar y aceptar los razonamientos de Gurelur, llamó la atención al departamento sobre la obligatoriedad de cumplir con la normativa vigente", según informó ayer esta asociación en un comunicado.

Entre las irregularidades detectadas en los permisos concedidos por el departamento, añadió Gurelur, no se recogían los motivos científicos o de gestión de porqué se dieron las autorizaciones para matar especies silvestres en un espacio donde está prohibida la caza; tampoco trasladaron éstas a las distintas autoridades ambientales y al guarderío de la zona; ni realizaron el obligatorio control de las batidas, a pesar de sus especiales características y las del espacio afectado.

"En los hechos denunciados hay que tener en cuenta que el Plan Rector del Señorío de Bertiz establece que la fauna existente en el parque no debe ser molestada con acciones que supongan maltrato, persecución, captura de ejemplares ni destrucción o deterioro de las áreas de reproducción, alimentación o refugio. Este mismo documento obliga a poner en conocimiento de los miembros del Patronato, del que forma parte Gurelur, autorizaciones como las denunciadas, cosa que no realizaron".

A todo lo anterior se une el "grave incumplimiento" de la Directiva de Aves, de la Ley Estatal 4/89 y de la Ley Foral 2/93, "ya que las batidas se permitieron durante los meses de reproducción, hecho calificado como muy grave por las citadas normativas".
Gurelur sostuvo además que "estas ilegalidades se llevaron a cabo para beneficiar al jefe del Negociado de Gestión Cinegética, Enrique Castién, participante en las cacerías, con la complicidad del director del Servicio de Conservación de la Biodiversidad, Enrique Eraso Centelles, incurriendo en un posible acto de prevaricación al dictar una resolución contraria a la leyes".

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