Antonio Toribio muestra una de las escopetas de caza que vende en su armería. Xoán Álvarez

Ya dice el refrán que las armas las carga el diablo y su uso irresponsable obliga a las autoridades a retirar la licencia a aquellos propietarios que hayan sido imputados en procedimientos judiciales, denunciados por la policía o que estén a la espera de juicio. Por este motivo, la Delegación del Gobierno en Galicia denegó en 2010 unas 450 licencias de armas tipo E para caza menor –175 en A Coruña, 115 en Ourense, 86 en Pontevedra y 74 en Lugo– según los datos de la memoria de la Administración General del Estado.

Esta cifra supone un 50% más que las 299 revocadas por el organismo el año anterior, mientras que la mayor subida se produce en la provincia ourensana al pasar de los 48 procesos de este tipo registrados en 2009 a los 115 del año pasado. Los cazadores gallegos atribuyen este aumento a las restricciones de la nueva Ley de Seguridad Vial de 2007, que recoge como delitos actuaciones que antes no aparecían como tales. Además, apuntan que solo por estar imputado en un juicio rápido de faltas "los usuarios pueden perder su permiso de armas".

El presidente de la Federación Galega de Caza, Javier Nogueira, destaca que este notable repunte de las autorizaciones para caza menor revocadas durante 2010 se debe sobre todo al aumento del número de imputados por delitos contra la seguridad vial desde la reciente modificación de la normativa de tráfico, lo que ha manchado el certificado de penales de muchos cazadores.

Por otra parte, la renovación de licencias que lleva a cabo la Guardia Civil cuando un permiso va a expirar exige a su propietario pasar un psicotécnico para comprobar que sigue en perfectas condiciones físicas y psicológicas. En el certificado que expiden los agentes también tiene que constar que el interesado carece de antecedentes penales. Sin embargo, las renovaciones de licencias que se deniegan son mínimas comparadas con las revocaciones que cada año debe tramitar el Ministerio del Interior "de un día para otro" al constatar que el titular ha cometido un delito.

En el apartado de las sanciones impuestas por infracciones administrativas relacionadas con el reglamento de armas, la tendencia es la contraria y la cifra ha bajado desde los 2.859 expedientes abiertos durante 2009 hasta los 1.967 en 2010.

En cuanto a las autorizaciones para arma corta, la actual legislación limita su uso a cargos públicos como políticos, jueces, militares retirados o funcionarios de prisiones y a particulares que estén sometidos a algún tipo de amenaza. Esto explica que según la memoria de la AGE en 2010 solo se emitiera una licencia más en arma de tipo B (de defensa personal) que las 254 del año pasado y 38 menos que en 2008. Pese a todo, este tipo de armas acaparan casi la cuarta parte de las 850 autorizaciones que existen en Galicia, según los datos de la Guardia Civil de A Coruña.

De hecho, de las casi 300.000 armas registradas en la comunidad gallega, solo 800 son cortas. El 98% del total se corresponde a escopetas para caza menor –con 125.000 licencias para 285.020 armas entre 278 escopetas, 7.000 carabinas y 20 ballestas–, a lo que hay que sumar los 13.800 permisos para caza mayor, con unas 8.600 armas.

FUENTE: