El desembarco del proyecto de ley de Caza en el Parlamento Vasco ha sacado a la luz un enfrentamiento entre los cazadores y los baserritarras que hasta ahora había permanecido soterrado. En vísperas de las deliberaciones de la Cámara, que se iniciarán esta semana, los dos colectivos han amenazado a los partidos con organizar protestas si no aceptan sus reivindicaciones, en particular las que afectan a una de las cuestiones más vidriosas del debate: las distancias desde las cuales está prohibido disparar en áreas habitadas o concurridas.

El texto remitido por el Gobierno Vasco incluye por primera vez entre los lugares a proteger las vías para los ciclistas y las sendas de interés ecológico, delimitando para ambas una zona de seguridad de 20 metros. Esa franja se amplía a 50 metros para ríos y caminos, y hasta 200 para granjas, caseríos y chalés. Aunque a comienzos de año tales medidas parecían acordadas entre las instituciones y grupos sociales, agricultores y ganaderos han acusado a los cazadores de ejercer «presiones» a última hora para intentar reducirlas. Sin embargo, los aludidos replican que, según cómo se amplíen los perímetros 'sin plomo', la caza libre corre el riesgo de resultar inviable en Gipuzkoa y Vizcaya (en Álava se caza en cotos).

«¡No lograrán que nos arrodillemos!», proclamó en junio el presidente de la Asociación de Defensa de la Caza y Pesca (Aedecap), Juan Antonio Sarasketa, en las campas de Dima, donde todos los años se concentra una festiva muchedumbre de aficionados. El sindicato Enba ha respondido esta semana con contundencia, acusando a los cazadores de haber formado un «lobby» para romper el «consenso» que existía sobre las zonas de seguridad. El encontronazo público se ha producido justo cuando el Parlamento de Vitoria se dispone a discutir la futura Ley de Caza en la fase de ponencia, un trámite en el que los grupos políticos elaboran a puerta cerrada la versión del proyecto que luego debatirán en las sesiones públicas. «Que no se reduzcan ni un ápice las distancias de seguridad», avisa Enba.

Las organizaciones que agrupan a buena parte de los 110.000 ciudadanos con licencia de caza en Euskadi permanecen a la expectativa. La Cámara autonómica se enfrenta a una tarea compleja, pues la nueva normativa debe amoldarse a las competencias de las diputaciones, que luego desarrollan la legislación general en sus respectivos territorios. También tiene que regular las relaciones de los cazadores con los guardas forestales, que se van a convertir en 'agentes de la autoridad' y gozarán de 'presunción de veracidad' cuando declaren contra un presunto infractor.

Pero el proyecto de ley introduce más novedades. Por ejemplo, endurece el catálogo de sanciones. Igualmente, cambiará el tratamiento de los 'días de fortuna', las jornadas en las cuales no se puede cazar debido al mal tiempo. En adelante, no será necesario que las instituciones forales prohíban expresamente la actividad cinegética en tales fechas. Se sobreentenderá que no puede realizarse cuando caiga una nevada.

La relevancia social de la Ley de Caza reside en que reemplazará una obsoleta legislación estatal de 1970. Cuarenta años después, es necesario amoldar el texto legal a los intereses de todos los colectivos que reclaman su espacio en los montes del País Vasco, mucho más urbanizados y frecuentados que antes, sobre todo en Gipuzkoa y Vizcaya.

De espaldas al área protegida

Por ese motivo, los partidos políticos no sólo están en el punto de mira de cazadores y baserritarras, sino también en el de mendigoizales, excursionistas, seteros, ciclistas, ecologistas, ornitólogos, propietarios y clientes de agroturismos, vecinos de urbanizaciones aisladas... De momento, el PP se ha hecho eco de algunas quejas de los cazadores, habitualmente representados por Aedecap y por las federaciones provinciales.

Las enmiendas de los populares proponen reducir a la mitad las distancias de seguridad asignadas a los enclaves habitados (dejarían la franja en 100 metros) y caminos (la recortarían hasta 25). Ahora bien, el PP también quiere que haya que disparar siempre de espaldas al área protegida. «Lo que cuenta no es lo lejos que esté uno de ese lugar, sino a qué distancia del límite llega el disparo -explica el parlamentario Leopoldo Barreda-. Si el disparo entra en la zona de seguridad, es infracción sin ninguna duda».

El PNV da por buenos los perímetros de protección que propone el Ejecutivo de Patxi López. La parlamentaria Bakartxo Tejeria argumenta que el proyecto de ley «está tomado» del borrador elaborado por el anterior Gobierno de Ibarretxe, un documento que «alcanzó en su día un elevado consenso institucional y social». Por ese motivo, las enmiendas de los peneuvistas son esencialmente técnicas y no afectan a la filosofía del nuevo texto.

Las enmiendas de Ezker Batua elevan a 100 metros los perímetros 'sin plomo' , excepto en núcleos habitados, donde sería de 200 metros. Al igual que Aralar, se opone a mantener los puestos de tiro que habían autorizado las diputaciones de forma excepcional dentro de las zonas de seguridad vigentes, una continuidad que está asegurada en el proyecto de ley.