Agricultores y ganaderos de las dehesas andaluzas temen que la nueva Ley que se está tramitando en el Parlamento Andaluz acabe por generar más burocracia, con sus consiguientes gastos, que beneficios reales.

En concreto, Asaja ha denunciado que el proyecto de ley es «generador de burocracia» sobre todo por el hecho de introducir los «contratos territoriales» así como por los «planes de gestión integral». Por su parte, Coag ha hecho la misma objeción a estos planes de los que dice que «pueden complicar aún más las relaciones entre los propietarios y la administración».

La Ley de la Dehesa no está aún aprobada por el Parlamento por lo que su articulado es susceptible de ser reformado y mejorado en el trámite parlamentario. En este sentido, las organizaciones agrarias han sido oídas en la Comisión del Parlamento y,además, actualmente, forman parte de las mesas de trabajo que se han constituido en la Consejería para sentar las bases de lo que será el Plan Director de la Dehesa, la herramienta de gestión global de la nueva Ley. En concreto se han constituido tres mesas de trabajo con el objetivo de analizar las carencias y puntos flacos de la dehesa: una que analiza el entorno socioeconómico de la dehesa; una segunda que aborda la economía de las explotaciones; y la tercer, sobre la transferencia de investigación y la financiación.

José Manuel Roca, experto de Asaja en este tema y miembro de estos grupos de trabajo, explicó a ABC que el problema de la ley, «que a priori está muy bien», es que hay un gran peligro de que no se materialice en beneficios concretos para la dehesa porque es inconcreta y deja la mayor parte de los temas importantes a un posterior «desarrollo reglamentario». En su opinión los dos grandes peligros que se ciernen sobre este ecosistema son «su falta de rentabilidad» y el hecho de que se está convirtiendo en «un sistema excesivamente burocratizado pues además hay una doble dependencia de la Consejería de Agricultura y la de Medio Ambiente, que duplica los trámites administrativos». En este sentido, hay petición unánime de las organizaciones agrarias tanto de Asaja como de Coag de que se «simplifique» la gestión.

En concreto, desde Asaja se critica especialmente el artículo 21 del texto, que pretende dar entrada a los denominados «contratos territoriales« una fórmula que consideran obsoleta y que -según alegan- « ha fracasado estrepitosamente en Francia y en otros países y que de mantenerse tan sólo contribuirá a generar más burocracia y a incrementar el ya muy nutrido cuerpo de funcionarios de las consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente, así como el número de trabajadores de sus empresas públicas (DAP y Egmasa». En esta misma línea, critican los denominados planes de gestión integral, ya que -según denuncian- «sólo aportan más papeleo para los agricultores y ganaderos que ya están sometidos a planes de gestión forestal o a planes de gestión cinegética, que suponen grandes desembolsos en costosos estudios de escaso valor real».

Por su parte, desde Coag, alegan que, tal y como se presentan en el documento los Planes de Gestión Integral, «no está garantizado el objetivo de simplificar los trámites administrativos, lo que puede complicar aún más las relaciones entre los propietarios y la administración».

 

Para esta organización agraria, tampoco está claro que el proyecto de Ley de una solución al gran problema de la falta de rentabilidad y en este sentido exponen que entre las funciones de la Comisión Andaluza para la Dehesa debería incluirse la de «proponer actuaciones que mejoren la viabilidad económica de las explotaciones en dehesas». Se trata -según explican- de que «se reconozca el papel fundamental del productor en la conservación de este sistema, papel que debe ir ligado a la rentabilidad económica como medio para garantizar la presencia humana en la dehesa».

Al igual que Asaja, Coag cree que algunos aspectos de la Ley están añadiendo costes a la Dehesa más que ventajas. En este sentido dicen que «no se debe vincular de forma exclusiva la dehesa a la producción ecológica» entre otras razones «porque actualmente la certificación está en manos privadas, con lo cual serían esas entidades las que se beneficiarían de dicha vinculación, sin primar los intereses de la propia dehesa ni los del sector productor». Lo mismo ocurre -según dicen- con el Servicio de Asistencia Técnica para las dehesas que, «tal y como está recogido en el texto, parece responder a los intereses de determinadas entidades (que ya prestan sus servicios de asesoramiento en otros ámbitos), más que al deseo de ofrecer un servicio profesional a los propietarios de las dehesas».

En cuanto a la financiación de la los proyectos previstos en la Ley que la Junta cifra en 180,5 millones de euros, Asaja alega que, además de insuficiente, parte de este dinero procede de anualidades ya pasadas y por tanto es dinero ya comprometido.