La Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural se ampara en la «exigencia» de los municipios que forman la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia para justificar la muerte de las 14 cabras 'villanas' que fueron abatidas en el desfiladero de La Hermida el día 17 de mayo.

 

Además de asegurar que su actuación «está amparada por la legislación vigente», este departamento gubernamental muestra como prueba el documento oficial que seis municipios lebaniegos, y la mancomunidad, le enviaron pidiendo la erradicación de estos animales que pastaban libremente en las laderas del desfiladero, «por el problema de seguridad que suponen para los conductores». Firmaron el escrito los alcaldes de Potes, Pesaguero, Cillorigo de Liébana, Camaleño, Cabezón de Liébana y Vega de Liébana. La exigencia de estos alcaldes, todos del PP, excepto los de Vega de Liébana y Camaleño, ambos del PRC, se elevó al Gobierno de Cantabria, Guardia Civil de Potes, Delegación del Gobierno y Ministerio de Fomento.

En el escrito, fechado el 1 de julio de 2011, denunciaban que se había observado una mayor presencia de cabras a lo largo del trazado del desfiladero de La Hermida, «que están provocando movimientos de piedras y desprendimientos sobre la calzada, con el consiguiente peligro para los vehículos y personas que por allí circulan». Los alcaldes recordaban a estas instituciones los «múltiples accidentes provocados por la caída de piedras, alguno de ellos mortales, riesgo que aumenta por una serie de conductas indeseables de los ganaderos que permiten el pasto de sus rebaños en dicha zona». En consecuencia, estos alcaldes «exigían» medidas urgentes «para evitar que se produzca algún nuevo desgraciado accidente».

 

La Consejería de Ganadería -en un comunicado hecho llegar a este periódico- explica que hizo la pertinente visita a la zona «comprobando que, en efecto, había un número indeterminado de cabras deambulando libremente a lo largo de la carretera N-621, de las que se desconoce su estado sanitario, debiendo considerarse como sospechosos de enfermedad».

 

Al no disponer de identificación -alega la Consejería- fue imposible localizar a sus propietarios, por lo que el 23 de abril de 2012, y superado el largo proceso administrativo, se ordenaba la recogida de estos animales ya que de lo contrario se procedería a su sacrificio. «Esta orden se llevó a todos los municipios implicados», explica la Consejería. Toda vez que «se hizo caso omiso de la misma», el 18 de mayo se procedió a matar 14 cabras, en teoría cimarronas, en las laderas.

 

Una familia de ganaderos denunció que les habían matado varias reses que tenían un crotal identificativo que acreditaba que tenían dueño. Este hecho ha sido rebatido por la Consejería aduciendo que el crotal que exhibían las cabras, y que se refleja en la foto publicada por este periódico, se había puesto en el año 2009 y que no había sido renovado por el vigente desde marzo de 2010, «por lo que hace al menos tres años que no se ha revisado el estado sanitario de estos animales».

 

La Consejería da respuesta al alcalde Peñarrubia, Secundino Casas (PSOE), que ha calificado esta batida de «matanza de animales», afirmando que «como autoridad pública que es, tiene la obligación de conocer las leyes y hacerlas cumplir, no cayendo en la demagogia, defendiendo una práctica ilegal».