Ante las informaciones publicadas recientemente en diferentes medios de la provincia de Córdoba sobre la intervención del Seprona de la Guardia Civil de 25 perros en “pésimas condiciones” en una rehala de Hornachuelos, la Federación Andaluza de Caza quiere aclarar públicamente que los perros no pertenecían a una rehala del municipio cordobés.

En primer lugar, la investigación que provocó finalmente el decomiso de los perros se inició como resultado de la denuncia formulada al Seprona por J.L.A.P, un rehalero de Hornachuelos legalmente habilitado, por el robo de ocho podencos (cachorros de dos meses y cinco días de la misma camada) de sus instalaciones el pasado 16 de marzo. Pasado un mes y gracias al esfuerzo de Seprona, Polícia Local de Hornachuelos y del propio Ayuntamiento del municipio cordobés, los perros robados fueron encontrados en una finca de Castilblanco de los Arroyos.

En ese momento, el Seprona inicia una investigación sobre los autores del robo, dos individuos de un municipio de la provincia de Sevilla, que lleva a la Benemérita hasta unas instalaciones ilegales en el término municipal de Hornachuelos, en las que se encuentran los 25 perros en condiciones de maltrato e insalubridad que, posteriormente, fueron decomisados.

Cabe destacar que, tanto los presuntos dueños de los perros, como las instalaciones, carecían de documentación alguna que acreditase que se trata de una rehala. No en vano, los autores no disponían de licencia de rehalas ni de los seguros obligatorios, mientras que la instalación no estaba declarada como núcleo zoológico, como es preceptivo en el caso de una rehala.

“Una instalación en la que se acinan perros en condiciones de maltrato e insalubridad no es una rehala. Como tampoco puede considerarse rehalero a quien carece de documentación e incumple la normativa vigente y la ética del buen rehalero. En este caso hablamos, simplemente, de delincuentes” explica José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Caza, quien añade que “pedimos a los medios de comunicación que no contribuyan a la campaña de criminalización y odio impulsada, a través de notas de prensa y redes sociales, desde asociaciones animalistas contra un colectivo de más de 200.000 andaluces que no sólo cumplen estrictamente leyes y normativas, sino que además responden a unos valores y principios que les impiden cometer este tipo de conductas”.