El Congreso ha aprobado este jueves definitivamente el proyecto de Ley de Parques Nacionales que ha impulsado el PP y que ha provocado una agria polémica a cuento de la prórroga de usos tradicionales en las fincas privadas de algunos de estos espacios naturales, como es la caza. Con la nueva ley, el derecho heredado por los propietarios para seguir organizando actividades cinegéticas en sus fincas queda finalmente prorrogado hasta 2020. A partir de ese momento, los dueños que no hayan llegado a un acuerdo voluntario, verán expropiados esos derechos de uso. Y eso tiene una cifra, que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha cifrado «entre 50 y 300 millones de euros», una cantidad «difícil de justificar en estos momentos, si tenemos en cuenta que el presupuesto anual para el ente de Parques Nacionales será de 44 millones de euros para 2015».

La nueva ley no ha conseguido el consenso general que obtuvo la de 2007 pese a basarse en ella y «pretender mejorar los aspectos que no quedaron claros en la anterior o que se vio que no funcionaron», según Ramos. Entre estos puntos estaban la deficiente coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, «en 2012 hubo cuatro incendios en Parques Nacionales, y ni siquiera nos los comunicaron», asegura el secretrio de Estado, y la inexistencia del concepto de red de Parques Nacionales, que se recuperará con la recuperación de la potestad para intervenir en caso de catástrofe o negligencia en la conservación de estos espacios y la creación de comisiones de coordinación, comités de colaboración y coordinación supraautonómicos y científicos.

Cesión de derechos o expropiación

Respecto a las duras críticas de los grupos ecologistas y de la oposición de que la nueva ley respondía a la protección de los intereses particulares de los propietarios de grandes fincas en Cabañeros, Ramos ha explicado que lo único que se ha hecho es prorrogar tres años la posibilidad de alcanzar acuerdos voluntarios «para ahorrar al Estado una cantidad considerable en 2017», puesto que a fecha de hoy, han sido muy pocos los propietarios que han cedido esos derechos. Y es que al no haber ninguna contrapartida económica por hacerlo, prácticamente no se ha avanzado nada desde que en la ley de 2007 se fijó el límite de 2017.

Sobre la polémica de permitir la navegación en Monfragüe y el vuelo sin motor en Guadarrama, Ramos ha explicado que el primero «era el único Parque Nacional en el que no se permitía» y en el segundo, que «la propia Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha reconocido que no supone ningún riesgo para la conservación».

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