La ex directora de Medio Natural de la Generalitat y exdiputada de ICV en el Congreso, Nuria Buenaventura, declaró ayer ante el Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona que los permisos de caza que concedió en 2009 se ajustaron «completamente» a la ley, ya que formaban parte de un experimento. Buenaventura, imputada por un delito de prevaricación al ceder 3.374 licencias para la caza de pájaros fringílidos con liga en 2009, alegó tras prestar declaración que la caza de estas aves se produjo dentro de un marco experimental y siguiendo las recomendaciones del Síndic de Greuges, que tras recibir una queja de un grupo de cazadores disconformes con la prohibición, recomendó a la Generalitat que cediese licencias de caza.

Pese a que ella misma prohibió la caza con liga en 2008, alegó que el objetivo de volver a autorizarla era demostrar si se debía mantener dicha prohibición y añadió que actuó siempre respetando el marco legal. La técnica consiste en aplicar una sustancia adherente en los árboles que inmoviliza a las aves.

Marco legal europeo

Según la ex diputada ecosiocialista, la prueba de caza que autorizó en 2009 estaba prevista en la directiva europea, que permite hacer excepciones en las prohibiciones de caza si es para fines de investigación y educativos, como ocurrió en este caso. Buenaventura también quiso dejar claro al juez que las licencias se otorgaron de forma «acotada a cazadores con experiencia, con restricciones de caza y con la supervisión de los agentes forestales».

Por su parte, la abogada de la exdiutada, Mercè Claramunt, consideró que, tras la declaración de su clienta, la causa contra ella debería cerrarse ya que de sus palabras quedó acreditado que Buenaventura respetó en todo momento la ley.

La Fiscalía de Cataluña fue la que inició la investigación pero una vez terminada, el fiscal de delitos de Medio Ambiente, Antoni Pelegrín, se vio obligado a remitir el caso a la Fiscalía del Tribunal Supremo en septiembre de 2011 por la condición de diputada de Buenaventura, que sustituyó a Joan Herrera en el Congreso. El caso volvió a los Juzgados de Barcelona cuando dejó su escaño.

La resolución dictada permitía la captura excepcional de ejemplares de macho de cuatro especies: jilguero, verderón, pinzón y pardillo. En 2010, la Fiscalía de Cataluña pidió una reforma legislativa para perseguir penalmente el tráfico de pájaros fringílidos. Su propuesta, no obstante, chocó con la férrea oposición de los colectivos de cazadores, un grupo de presión muy activo. Finalmente, la Generalitat invalidó la protección de estas especies, permitió tanto su exhibición como la cría en cautividad y mantiene, a día de hoy, la prohibición de la caza con pegamento.

FUENTE: