Desde 1983 es ilegal utilizar cebos envenenados, sin embargo, esta práctica continúa sin poder erradicarse. Algunas de las sustancias que se utilizan no son legales, pero otras muchas sí, como el veneno para matar hormigas, que se vende en las tiendas de jardinería y los hipermercados, lo que complica la eliminación de esta práctica de forma rotunda.

 

En Castilla y León, el Gobierno autonómico ha puesto en marcha una estrategia de lucha contra el veneno que parece está dando resultados, aunque no de manera homogénea: «Hay zonas en las que las medidas que se toman, se notan más», aseguran fuentes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. La actitud frente al veneno cambia a mejor, añaden, sobre todo, cuando se adoptan «medidas contundentes», como la suspensión de la actividad cinegética en las áreas en las que se detecta una repetición de casos de animales muertos por envenenamiento, o la retirada de parte de las ayudas de la Política Agraria Común a aquellos agricultores en cuyas explotaciones se detecten envenenamientos.

 

Precisamente, es la suspensión de caza la medida que en tiene pervisto tomar la Junta de Castilla y León respecto a varios cotos ubicados en el sur de Valladolid y el norte de Segovia, una decisión pendiente de los análisis toxicológicos que confirmen que la causa de la muerte de los animales en esas zonas ha sido por ingesta de veneno, aunque todos los indicios parecen confirmar esta hipótesis. «En el sur de la provincia, la situación no es nada satisfactoria», añaden.

 

Con la suspensión cinegética, explican estas fuentes, no se trata de «sancionar a los cazadores», sino de restablecer las poblaciones de especies afectadas. Además, se ha comprobado que la medida tiene un efecto disuasorio. El periodo de suspensión de la caza ronda entre los dos y los cinco años (es una resolución de la Dirección General de Medio Natural, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente), pero ese periodo temporal es revisable siempre y cuando los responsables de la zona se «comprometan a realizar un conjunto de actuaciones para acelerar la restauración» y se compruebe que las poblaciones han mejorado. En ese caso, «se levanta antes», pero siempre tras un periodo mínimo de un año.

 

Desde 2011, en Castilla y León se han publicado 13 suspensiones cinegéticas, sobre un total de 35 cotos, en 27 términos municipales –de todas las provincias, menos León– y con una superficie afectada de 56.807 hectáreas. En concreto, en la provincia de Valladolid se suspendió la actividad en un coto de la Unión de Campos, en agosto de 2009, tras la muerte de once milanos reales, dos aguiluchos laguneros, un milano negro, un busardo ratonero y tres cuervos, tras haber ingerido carboruano.

 

La suspensión afectó a casi 3.600 hectáreas y se levantó dos año después, en agosto de 2011. En ese tiempo no solo no se practicó la caza, sino que el titular consiguió una evolución favorables de las especies cinegéticas (conejo, liebre y perdiz), gracias a la colocación de comederos, bebederos, plantación de arbustos, aislamiento de tendidos eléctricos, promoción de la agricultura ecológica y elaboración de carteles y trípticos informativos sobre la gestión sostenible del coto de caza, «con un claro posicionamiento contra la utilización de cualquier tipo de veneno».

 

Agentes analizan el cadáver de un buitre. / Ical

Aunque aún existen muchos casos por confirmar, ya que están pendientes de la analítica, durante este año, en Castilla y León, se han producido 56 casos de presuntos envenenamientos que han afectado a 192 ejemplares de diversas especies. El sur de Valladolid es una de las zonas prioritarias de la comunidad en las que es centrarán los esfuerzos de vigilancia en primavera y otoño, porque «en los últimos dos o tres años se ha detectado cierta conflictividad, junto con el norte de Segovia».

 

En época de recortes presupuestarios y de plantillas, la Junta de Castilla y León tiene previsto estandarizar los trabajos de vigilancia, para los que cuenta con el apoyo de la Guardia Civil, y «se van a aplicar criterios para identificar las zonas de más riesgo y dirigir los trabajos de la guardería».

 

Las zonas en las que más muertes de animales por cebos envenenados se han producido «van vinculadas a los históricos», el sur de Valladolid, el norte de Segovia y también la provincia de Ávila, aseguran desde la Junta: «Son zonas en las que incrementar el esfuerzo de prevención y diseñar protocolos serán prioritarios para que en la próxima primavera se haga un mayor esfuerzo de vigilancia, en relación a los posibles siniestros».

 

Cuando se produce un envenenamiento de la fauna silvestre hay un protocolo de actuación que está diseñado desde 1999 (renovado en 2001) en el que se recogen, no sólo las acciones en campo de los agentes medioambientales, sino las que se deben realizar en los centros de Recuperación de Animales Silvestres (Burgos y Valladolid) y en los Servicios Territoriales. Este protocolo asegura la cadena de custodia de todo el material

intervenido para dar suficiente garantía procesal, tanto a la administración, como a los posibles encausados.

 

 

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