Con los plazos pisándole los talones, la Junta de Castilla y León consiguió ayer la aprobación de una nueva Orden Anual de Caza que garantice la normal práctica de la actividad cinegética, después de que un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ordenará la suspensión cautelar de varios artículos de la normativa en plena temporada. La decisión judicial fue notificada ayer a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, iniciándose una cuenta atrás que obligó al Ejecutivo a convocar un Consejo de Gobierno extraordinario para remediar la situación, ya que se acababa su tiempo límite de maniobra.

El Consejo de Gobierno dio luz verde en la mañana de ayer a un Decreto por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre, con el cual se «adapta a la normativa a las directrices europeas», señaló el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván. Y es que en el auto de suspensión de la Orden autonómica, el TSJ alegaba que la normativa de 2002 —de «igual alcance y contenido» a la actual— fue anulada por la ausencia de un marco regulador previo con observancia de las previsiones de las pautas comunitarias.

El nuevo Decreto da respuesta al requisito reclamado de contar con una norma de referencia de rango superior, y, en principio, quedarían salvadas las deficiencias que llevaron a la suspensión cautelar. El nuevo documento define los conceptos de caza, especies, control poblacional, periodos de aprovechamiento y actualización de valor de cada pieza.

Con este referente sobre la mesa, el Consejo de Caza de Castilla y León aprobó por la tarde una nueva Orden autonómica que será publicada mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y que sustituye a la acordada en el mes de junio, rectificando en las cuestiones marcadas por el TSJ. Para tranquilidad de los 124.000 cazadores con licencia, se garantiza que prosiga la temporada, que concluye el 29 de enero, «con total y absoluta normalidad», sentenció Silván. No obstante, Ecologistas en Acción, promotor del recurso judicial contra la norma original, pedirá la nulidad de unos acuerdos «improvisados» para «eludir una resolución judicial».

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