Ante la polémica recogida en diferentes medios de comunicación (por ejemplo, columna de Rafa González, EL COMERCIO, de 15 de noviembre) sobre la oportunidad de considerar la actividad cinegética para gestionar la población de lobos en Asturias, me gustaría manifestar mi opinión al respecto, tras adelantar que participo formalmente en los comités consultivos de las administraciones de Asturias y de Castilla y León para la gestión de la especie. Esto no garantiza que mi opinión sea imparcial ni luminosa intelectualmente, pero seguramente contiene información de primera mano. La polémica arranca de la pretensión de la actual Administración de cambiar el estatus de vedado a cinegético para la especie en Asturias, y, por tanto, los controles, que antes ejecutaba la Administración, se transformarían en caza deportiva, llevada a cabo por el colectivo de cazadores. Para argumentar su opinión, Rafa González contrapone la mala gestión en Asturias de los últimos años con la gestión de Castilla y León, supuestamente coherente y aceptable. Sin embargo, curiosa manera de buscar soluciones consensuadas, como sugiere Rafa González, dejando claro que la forma de conseguirlo es haciéndolo cinegético.

 

Coincido con algunas de las apreciaciones del señor González, como que la gestión en los últimos años en Asturias ha sido mala (las razones son múltiples, lo que no implica que el actual Plan de Gestión del lobo -Decreto 155/ 2002- sea malo) y comparto su aseveración de que la magnitud económica del problema no es equiparable al conflicto social que genera (el coste de los daños achacados a los lobos son cuatro veces mayores que los achacados a los osos, pero los de los lobos aparecen en la prensa asturiana 30 veces más). Me temo que en esta desproporción (la magnitud del llamado conflicto social, en este caso «subjetivo») tienen mucho que ver los medios de comunicación y los grupos de presión, que, como dice Rafa González, tensan la cuerda. Sin embargo, creo se equivoca cuando habla de los colectivos que tensan la cuerda, a saber, ecologistas y ganaderos. La forma de tensar la cuerda, su virulencia e incluso su legalidad dista mucho de ser comparable entre unos y otros. Invito a revisar la hemeroteca y buscar noticias en las que autodenominados ganaderos amenazaron, explícita o implícitamente, de consecuencias insidiosas si no se atendían sus reclamaciones y se busque similar forma de ejercitar opinión por el colectivo ecologista.

 

Probablemente, el lobo sea un animal político, pero sin duda lo es porque los humanos queremos que así sea. Esta es una de las razones por las que el conflicto social «subjetivo» está brutalmente descompensado respecto de los daños reales («objetivos») que causa. Aunque el coste de los daños pueda ser comparable al producido por jabalíes (de nuevo invito a que se comparen las noticias de daños de jabalíes con las de lobos) los daños de los lobos están presentes de una forma casi apocalíptica en los medios asturianos. Los lobos afectan cada año a menos del 1% de la cabaña ganadera en extensivo, muy por debajo del 5% de mortalidad natural de ese tipo de ganado. Esto quiere decir que aunque se liquidasen todos los lobos de Asturias, la mortalidad del ganado extensivo seguiría siendo prácticamente la misma.

Respecto al ejemplo de Castilla y León, la aseveración de que esa comunidad ha sido capaz de conjugar protección y aprovechamiento cinegético es sólo bien intencionada y me atrevo a decir que no está bien informado. Castilla y León tiene el Plan de Gestión más judicializado de los tres actualmente en vigor (junto a Galicia y Asturias) y la legalidad de la actividad cinegética ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, mientras están siendo anulados sus cupos de caza por los tribunales. Además, aunque los lobos al sur del Duero están protegidos (por la Directiva Habitats 92/ 43/ CEE y no por una ley regional) la Junta elude este mandato legal sacando algunos ejemplares en los cupos de caza cada año al sur del Duero, lo que ha motivado varias quejas a Europa y una nueva judicialización de la aplicación del Plan. Por no hablar de unos niveles de furtivismo sobre la especie que la administración no ha podido rebajar ni ha demostrado que pueda hacerlo. Sinceramente, me cuesta mucho aceptar que esto sea conjugar protección y aprovechamiento cinegético. Aunque me caben pocas dudas de que el desarrollo del Plan en Asturias ha sido penoso en los últimos años, sobre todo en lo que se refiere a los controles y los criterios para ejecutarlos, parece que, en general, la mayoría del colectivo de ganaderos estaban razonablemente satisfechos con la política de compensaciones por daños (y así lo manifestaron en las reuniones del Comité del Plan del Lobo). Otra cosa es que autodenominados ganaderos (quizás sólo propietarios de ganado) hayan tensado cuerdas con fines inconfesables, y desde luego alejados de verdaderos intereses ganaderos.

 

Pero el Plan de Asturias tiene un punto crucial, quizá el único luminoso en un asunto que parece condenado a un nivel crónico de polémica y es que se había abandonado la posibilidad de matar lobos «por deporte». Al dejar los controles de ejemplares en manos de la Administración, Asturias había dado un paso de gigante en su consideración y respeto por otras formas de vida no humanas, algo de lo que, al menos yo personalmente, me enorgullezco como habitante de esta región. Avanzo que tengo buenos amigos que cazan y que crían ganado. Pero considero que dejar de nuevo la gestión de le especie en manos de la caza deportiva es volver a donde deberíamos estar contentos de haber salido. Considerar a los animales salvajes como meros recursos económicos y justificar su muerte porque genera beneficios se aleja mucho de lo que yo considero una sociedad avanzada y moralmente decente. Aunque quizá sólo soy un ingenuo que se avergüenza con demasiada facilidad.