Ninguno de los tres ganaderos de Asturianos, acusados por el fiscal de caza furtiva, tráfico de carne de piezas de caza mayor y tenencia ilícita de armas, irá a la cárcel, al imponerles el Juzgado de lo Penal condenas no superiores a los dos años de reclusión. Los dos hermanos, cuyas iniciales son P.O.C. y F.J.O.C., han sido condenados a un año de prisión cada uno por la venta ilegal de la carne procedente de piezas de caza mayor que «no pasaban los controles sanitarios pertinentes» y «que sacrificaban o despiezaban en el matadero», que «no estaba acondicionado para realizar dicha actividad».

Por la tenencia ilícita de armas, la magistrada condena a los dos hermanos y el hijo de uno de ellos, el joven de iniciales F.J.O.H., a un año de prisión a cada uno, mientras que a estos últimos les prohíbe la caza durante dos años y tres meses por un delito contra la fauna. La juez estima probado que P.O.C. y su vástago dañaron la biodiversidad, al cazar en Asturianos y Palacios «corzos, jabalíes y ciervos de forma indiscriminada, tanto machos como hembras, y en diferentes periodos del año», «estuviera o no autorizada» la captura, «la mayoría de las veces de noche». En la sentencia, agrega que no existe ninguna prueba de que pertenecieran a alguno de los cotos mencionados, «terrenos donde los acusados referían» en sus conversaciones telefónicas, intervenidas por la Guardia Civil, «que habían cazado los animales» que después ponían en circulación en el mercado de forma ilegal, con destino a restaurantes.
Padre e hijo tendrán que pagar cada uno una multa de 2.400 euros, la mayor establecida en la Ley, por esta misma infracción contra la fauna. En el caso de que no paguen dos días la cuota diaria (ocho euros) estipulada en la sentencia, ingresarán en prisión durante un día.

El fallo contempla, asimismo, una multa de1.440 euros a los hermanos por haber vendido carne sin control sanitario, procedente de esa actividad clandestina. Penas todas ellas muy alejadas de la petición del Ministerio Fiscal que por la venta ilegal de carne de caza y el delito de tenencia ilícitade armas exigía para cada hermano condenas de siete años y dos meses de prisión. Para el ganadero más joven solicitaba 18 meses de prisión por tenencia ilícita de armas; y a todos ellos, la prohibición de cazar durante cuatro años.

Dos de los tres guardias civiles imputados por el delito de no perseguir los delitos perderán su empleo si la condena a seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público que acaba de dictar la magistrada del Juzgado de lo Penal se confirma en la Audiencia Provincial, instancia a la que podrán recurrir la sentencia. Por contra, la juez absuelve a uno de sus compañeros, de iniciales J.A.G.T., al considerar que existen dudas de que pescara ilegalmente, como se comenta en una de las conversaciones telefónicas intervenidas por la Guardia Civil en las que participaban los ganaderos con terceras personas y con dos de los otros dos guardias imputados. La juez detalla que el guardia absuelto no estaba adscrito al Seprona, como A.G.V. y M.M.L., a los que acusa de «no perseguir» hechos como «la existencia de animales muertos, restos de crotales y cabezas de ciervos y corzos»; así como «los relativos a caza que realizaban los acusados» y que «revisten caracteres de delito». El fallo indica que «los agentes por su profesión conocían o debían conocer» que los ganaderos «excedían ampliamente una mera infracción administrativa. Para ello alude a la cantidad de ejemplares que abatían, la duración en el tiempo de su conducta y las circunstancias en que los mataban, careciendo de licencia para ello, sin respetar los periodos de caza y número de ejemplares».

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