«Prometo una ley consensuada. La caza da muchos puestos de trabajo y no puede estar en manos de los intereses de unos pocos». Este es el anuncio que hizo en campaña electoral Emiliano García-Page antes de llegar a la Presidencia de Castilla-La Mancha. Pues bien, después de las primeras reuniones con los colectivos afectados por la Ley de Caza, lo que queda claro es que tiene mucho trabajo por delante, ya que la Junta está encontrando posiciones muy enconadas.

La intención del nuevo Gobierno regional no es derogar la legislación, pero sí modificar algunos articulados que han suscitado polémica entre la sociedad. Según justifican desde la Junta, la Ley de Caza que aprobó el anterior ejecutivo concitó el rechazo de más de 100.000 firmas. García-Page se comprometió a llegar a un acuerdo con todo el sector para redactar «un texto dialogado y consensuado con todo el mundo, ya que es necesario que la ley no esté en manos de los intereses de unos pocos».

Unos de los primeros en reunirse con los responsables de la Consejería de Agricultura han sido los colectivos cinegéticos, como no podía ser de otro modo. Uno de ellos es el presidente de la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y la Conservación del Medio Ambiente (Aproca), Luis Fernando Villanueva, que cree que lapredisposición del gobierno es «bastante buena» para llegar a un acuerdo.

Villanueva considera que la legislación es «una de las mejores para el sector cinegético», aunque cree que hay que actualizarla y adaptarla a los nuevos tiempos. «Todas las leyes deberían contar con el consenso de todos los partidos políticos, cosa que no se hizo para sacar adelante esta normativa, pero, si no se ponen de acuerdo para aprobar una Ley de Educación, ¿cómo van a hacerlo con la Ley de Caza?», se pregunta.

A juicio del presidente de Aproca, la Ley de Caza de Castilla-La Mancha es una de las mejores porque «profesionaliza el sector cinegético e introduce normas de carácter sanitario y genético que no existen en ninguna otra región». Sin embargo, de la normativa vigente critica la falta de apoyo a la caza menor, que está sufriendo muchas dificultades. «Hemos tenido un crecimiento exponencial de la caza mayor y hubiésemos necesitado que esta ley hubiese reflejado al menos la intención de apoyar a la perdiz y al conejo, que están sufriendo problemas muy importantes», afirma.

Lo que sí va a ser difícil es llegar a un acuerdo entre el sector cinegético y las asociaciones medioambientales y ecologistas. En este sentido, Villanueva recuerda la «campaña mediática en contra de la Ley de Caza que fue orquestada por parte de Ecologistas en Acción, que tiene una línea muy radicalizada». De la misma opinión es el presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Juan de Dios García, quien apunta a este colectivo como uno de los responsables de la «mala imagen» que se le quiere dar al sector cinegético.

Contundente también se muestra el presidente de Aproca contra un comunicado remitido la pasada semana por los agentes medioambientales del sindicato CC.OO. En ese escrito piden al Gobierno regional la derogación de la Ley de Caza, al considerar que esta norma elimina al Cuerpo de Agentes Medioambientales de su articulado, «dando pie a la privatización de funciones y potestades públicas».

«No somos anti-caza»

Villanueva envió esta semana una carta pública en la que muestra su sorpresa por que «unos trabajadores de una administración se posicionen, ya sea a favor o en contra de una ley», al considerar que están para hacer cumplir esa o cualquier otra norma en el ámbito de sus competencias, en definitiva para velar por la defensa del medio natural. «Pero lo que no han sido capaces de entender es que eso sólo se puede conseguir en colaboración con los cazadores y respetando una actividad que es la culpable de que la mayoría de espacios naturales protegidos, o que la mayoría de especies protegidas de las que tan orgullosos están, como el lince ibérico o el águila imperial, estén en terrenos privados gestionados por cazadores», afirma.

«Nosotros no somos anti-caza». Así se pronuncia el vicepresidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales (APAM) de Castilla-La Mancha, Jorge Marques, quien cree que «lo que necesita el sector cinegético es una mejor gestión». Y aunque sí se muestra contrario a algunos de los artículos que incluye la Ley de Caza, quiere dejar claro que el organismo de funcionarios al que representa tiene como obligación hacer cumplir la normativa.

Entre las cuestiones de la ley que no gustan al vicepresidente de APAM, se encuentra el «doble rasero» que hay a la hora de penalizar porque, en su opinión, «beneficia más al infractor que al que persigue las infracciones, sin que haya una barra libre para los cazadores».

Marques también critica el modo en el que se hizo la Ley de Caza porque, a su juicio, «no contó con el consenso de todas las partes implicadas, sino que sólo se tuvo en cuenta la opinión del sector cinegético». Por eso, espera que, «aunque en el punto de partida hay posiciones alejadas entre unos y otros», las modificaciones que se hagan en la legislación vigente sean consensuadas entre todos.

Por otro lado, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han pedido la retirada de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, pues consideran que no ha sido diseñada pensando en la conservación de las especies, «porque sólo beneficia a ciertos ámbitos de la caza y que no ha sido consensuada con todos los sectores implicados». Por ello, solicitan al gobierno autonómico que desarrolle un nuevo proyecto en el que se tengan en cuenta las alegaciones realizadas por los grupos conservacionistas.

A juicio de estas organizaciones, la normativa favorece la intensificación de las prácticas de caza, «lo que supone un aumento de los impactos, ya que proliferarían, por ejemplo, los vallados al autorizar la creación de cercados interiores en las fincas.

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