El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado hoy que permitirá "abatir a dos lobos en Salamanca y otros dos ejemplares en Ávila", en ambos casos al sur del Duero y en las zonas más afectadas por los ataques de esta especie sobre la ganadería extensiva.

Este compromiso ha sido adquirido en la reunión mantenida esta tarde entre el consejero y diferentes representantes de las organizaciones profesionales agrarias y ganaderas de la Comunidad, con el fin de "restablecer el equilibrio perdido entre la presencia del lobo y la ganadería extensiva", en palabras de Suárez-Quiñones.

Para ello se "reforzarán las patrullas y el personal de control de lobos para que se puedan abatir cuanto antes los ejemplares más conflictivos y se arbitrará un sistema para que puedan participar en esa actividad de control ganaderos y cazadores, siempre dentro del estricto cumplimiento de la legislación vigente", ha añadido.

En concreto, la normativa europea prohíbe la caza del lobo al sur del río Duero como actividad cinegética.

También ha mostrado su compromiso para poner en marcha la licitación de "un modelo de seguro que les permita obtener las correspondientes indemnizaciones, tanto por daño emergente como por lucro cesante, con un plazo máximo de 15 días desde que presenten la documentación exigida".

Asimismo, una vez se comprueben los efectos de esta nueva actividad de control, se abordará "un nuevo Plan de Gestión del Lobo", que contenga los instrumentos necesarios para que los ataques dejen de producirse.

Un Plan de Gestión del Lobo al que, según el coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), José Manuel González Palacín, "se le debe dar la vuelta", ya que lo que ha sucedido ha sido "fruto de la mala gestión anterior" y se necesitan "medidas eficaces que controlen la población de lobos".

Ha pedido, además, que "todos los consejeros de Medio Ambiente de las comunidades autónomas afectadas por los ataques de lobos, exijan al Gobierno central que su prioridad en Bruselas sea reclamar que el lobo deje de ser especie protegida, porque hay más de 2.000 ejemplares sólo en Castilla y León".

Por su parte, el secretario regional de UPA-COAG, Aurelio Pérez, ha advertido de que "el compromiso de la Junta no se puede quedar en permitir abatir cuatro lobos, ya que el objetivo ha de ser proteger al ganadero, debido a que en muchos casos su actividad es la única que permite el desarrollo de una zona rural".

"Si hay zonas en las que la ganadería extensiva se debe primar, debe ser incompatible la presencia de los lobos en las mismas, buscando que se restrinja la población en aquellas otras zonas donde se minimicen los daños", ha matizado.

Por último, ha solicitado que los ganaderos afectados reciban las indemnizaciones "de forma ágil y con la valoración justa" y se establezcan medidas "no sólo al Sur del Duero", lo que les han concedido "después de 20 años de reclamaciones", sino también al norte, ya que no están cobrando los daños a pesar de ser especie cinegética, porque no se atreven a denunciar a los cotos de caza".

Uno de los ganaderos afectados, Salustiano García, de Asaja Salamanca, ha reivindicado que se deje actuar a los ganaderos y cazadores y que "la escopeta sea una herramienta más de campo", ya que ha visto cómo, desde enero a octubre de 2015, los lobos le hayan matado 66 ovejas.

FUENTE: EFE