Además del aprovechamiento cinegético del lobo al norte del río Duero, donde está considerada una especie que se puede cazar, la Junta de Castilla y León abrirá la puerta al "control poblacional" al sur de ese río, donde es especie protegida, dado su aumento poblacional y su colisión con la ganadería.

Esta es la principal novedad del anteproyecto de decreto por el que se modifica el que en 2008 aprobó el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León, que hoy ha presentado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en el Consejo Regional de Medio Ambiente.

En la línea de lo ya anunciado por el consejero tras el Consejo Regional Agrario del pasado 11 de diciembre, la Consejería ejercerá un "control" sobre la población del lobo, también al sur del Duero, y suscribirá un seguro de responsabilidad para reparar los daños que este animal pueda producir en la cabaña ganadera, que se pondrá en marcha en los cinco primeros meses de 2016.

En el Consejo Regional de Medio Ambiente de hoy, según ha detallado la Consejería a través de un comunicado, se ha abordado la presentación del citado anteproyecto para modificar el Plan de gestión del lobo en la Comunidad dado que el último censo realizado constata que la población del lobo ha aumentado y está presente en las nueve provincias de Castilla y León.

"El censo realizado en los años 2012 y 2013 ha detectado la presencia de 179 manadas, lo que confirma ese incremento poblacional, siendo mayor en la población situada al sur del Duero, por lo que se deduce que el estado de conservación de la especie es favorable y que se está favoreciendo la expansión y colonización de comunidades autónomas limítrofes", ha detallado la Consejería.

El consejero ha destacado la interacción que se produce entre el lobo con la ganadería extensiva, que "agudiza en zonas determinadas los conflictos históricos que acompañan a la especie en su área de distribución".

Por ello, "el nuevo Plan de Conservación y Gestión del Lobo clarifica el aprovechamiento cinegético, que se producirá únicamente sobre la fracción de la población situada al norte del río Duero, donde tiene la consideración de especie cinegética, y el control poblacional que se podrá autorizar al sur del río Duero de acuerdo a lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural de la Biodiversidad".

En esa línea, "se establece una nueva zonificación basada en la diferente consideración jurídica de la especie en la Comunidad en función de su situación respecto al Duero".

También se aclara el régimen de compensación de daños a la ganadería, incorporándose la indemnización directa al sur del río Duero cuando no concurra negligencia por parte del perjudicado.

Para ello, la "Consejería trabaja desde hace semanas en la puesta en marcha de un seguro de responsabilidad suscrito por la Junta que permitirá agilizar notablemente el pago de las indemnizaciones por los ataques a la ganadería, y que se pondrá en marcha durante los cinco primero meses de 2016".

En el nuevo plan se modifican los órganos de participación y asesoramiento, con una nueva Mesa del Lobo en Castilla y León como instrumento de participación e intercambio de experiencias entre todos los sectores sociales implicados, y con un Comité Científico con funciones de asesoramiento técnico y científico en sustitución al existente Comité Técnico de Seguimiento del plan.

El Consejo Regional de Medio Ambiente ha informado además sobre el proyecto de decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Espacios Naturales de Covalagua, en Palencia, y Las Tuerces, en Burgos y el proyecto de decreto de declaración del paisaje protegido en Las Tuerces y de los monumentos naturales Laberinto de las Tuerces, y Cascada de Covalagua.

También se ha informado del proyecto de la II Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León 2015-2020 "que se ha llevado a cabo mediante un amplio proceso participativo".

Esta segunda estrategia "se centra en siete grupos de interés, para los que define diez objetivos generales y 18 específicos que se concretan en 86 líneas de actuación", y para su cumplimiento durante los próximos cinco años se contará con un presupuesto de 8,6 millones de euros.

Se trata de "aprovechar todo el conocimiento y la experiencia generados por aplicación de la I Estrategia de Educación Ambiental y ponerlo al servicio del desarrollo sostenible".

FUENTE: EFE