El Gobierno de Navarra, a través del departamento competente, el de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local está rechazando de plano las reclamaciones que llegan a su conocimiento sobre la apertura de expedientes que determinen la responsabilidad patrimonial en accidentes de tráfico en los que se ven implicadas especies cinegéticas, de caza (en Navarra corzos, ciervos, jabalís y zorros).

De este modo se exime el propio Ejecutivo de hacerse cargo a través de su aseguradora del pago de los daños en aquellos choques en los que se considere que es responsable por no adoptar las medidas oportunas en vías públicas. El seguro es sin franquicia, por lo que la totalidad del dinero salía antes del seguro. Ahora, ni siquiera eso.

Para justificar su negativa a asumir estas reclamaciones, el Gobierno foral alude a la modificación de la Ley de Tráfico que entró en vigor en mayo de 2014 y que contempla que en el caso de que un conductor se vea implicado en una colisión contra un animal de caza, la responsabilidad recaerá en el propio conductor, que debe acarrear con el coste de los daños materiales que sufra su vehículo (el 99%) y también de los daños personales o lesiones (1%) del propio conductor y de otros ocupantes del vehículo. En la práctica, los conductores que sufran un accidente por esta causa, y aunque no incumplan ninguna norma de circulación, no recibirán indemnización alguna si resultan heridos o incluso fallecen, según un artículo del abogado Aquilino Yáñez de Andrés recogido en el diario La Ley.

Esta norma de Tráfico funciona en toda España, pero la legislación navarra reúne aquí una competencia particular y así lo manifiestan abogados especialistas en la materia, que destacan que la Ley foral de Caza y Pesca debe prevalecer sobre la normativa estatal. Bajo ese fundamento están recurriendo el archivo de los expedientes en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Antes de esa reforma de la Ley de Tráfico, Navarra atendía siempre estas reclamaciones a través de su normativa propia de caza. De hecho, ya en la actualización de esta norma en 2005 se contempla que “el destacable aumento de los accidentes de circulación provocados por atropello de especies cinegéticas llegan a constituir un problema social”.

Y entra en abundancia en el asunto en el artículo 86 de la misma Ley de Caza, donde en lo referente a los daños causados por la fauna cinegética, dice que Medio Ambiente tramitará el expediente administrativo para determinar si la responsabilidad recae sobre “el conductor, en el caso de que no hubiera adoptado precauciones para evitar el atropello; el titular del coto de caza, solo en los casos en los que la colisión sea consecuencia de la negligencia en la gestión del coto o de la acción de cazar; en la Administración competente en caza en los supuestos que el accidente sea consecuencia de las disposiciones de ordenación del aprovechamiento cinegético; y en el titular de la explotación de la vía pública en que se produzca el accidente siempre y cuando esté motivado por la falta de conservación frente a invasión de la vía por animales o por ausencia de señalización de paso de fauna cinegética”.

Pese a que algunos especialistas jurídicos discrepan con el criterio del Gobierno, lo cierto es que este ya ha rechazado las últimas reclamaciones que han llegado hasta su mesa solicitando que dirima la responsabilidad patrimonial y concrete si la Administración, titulares del coto o conductores son responsables de los daños causados. El Ejecutivo, sin embargo, se acoge a la disposición adicional novena sobre la Ley sobre Tráfico para no hacerse cargo de este tipo de reclamaciones y denegar el pago, puesto que a su entender no concurren los requisitos exigidos en la normativa vigente. Estos casos, rechazados en sede administrativa, han empezado a llegar a los tribunales que tendrán los primeros pleitos a partir del mes de julio. Entonces, los jueces tendrán que sentar criterio sobre esta nueva discrepancia y decidir si la legislación foral, en este caso, debe prevalecer o no sobre la general. De esta forma, en caso de que los juzgados no den la razón al Ejecutivo, decenas de esas reclamaciones se pueden volver en su contra y motivar que tenga que pagar por ellas.

Por los accidentes por los que sí responde el Gobierno foral son por aquellos en los que resultan atropelladas especies protegidas, como tejones, buitres, gatos monteses o águilas, cada vez más frecuentes y que tienen una reglamentación legislativa propia.

 

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