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Las sanciones abocan a la Asociación de Caza y Pesca a planear su clausura

Las sanciones abocan a la Asociación de Caza y Pesca a planear su clausura

Enviado por montero el 28-02-2010

La Asociación de Caza y Pesca Barbastrense ya ha dejado el coto de caza de La Figueruela donde realizó las prácticas cinegéticas desde hace años por la imposibilidad material de atender más demandas judiciales a causa de los accidentes de circulación ocasionados por jabalíes procedentes de este coto de alquiler.
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La Asociación de Caza y Pesca Barbastrense ya ha dejado el coto de caza de La Figueruela donde realizó las prácticas cinegéticas desde hace años por la imposibilidad material de atender más demandas judiciales a causa de los accidentes de circulación ocasionados por jabalíes procedentes de este coto de alquiler. Las decisiones judiciales en contra de la Asociación y su menguada economía hacen inviable atender reclamaciones económicas y, sobre las cinco pendientes, se plantea incluso la posibilidad de "clausurar" la asociación fundada hace veintiséis años.

La última reclamación por daños de accidente en un turismo que circulaba por la carretera del Ariño ha "encendido" las alarmas sociales, y Salvador Rodríguez, presidente del colectivo, señala que este problema afecta a los cazadores y a los propietarios de las tierras. "El origen de estas situaciones viene a raíz del acuerdo adoptado hace catorce años por un accidente en Aínsa que originó reclamaciones millonarias y se estuvo a punto de dejar todos los cotos desde Barbastro hasta aquella localidad", indica.

El Gobierno de Aragón se hizo cargo de los costos por accidentes en temporada de caza y hasta el año 2007 "casi no han molestado a nadie pero abundan las denuncias y reclamaciones. Por nuestra propia experiencia, nos pueden juzgar por la Ley de Caza de Aragón o por la de Seguridad Vial, por donde llegan la mayor parte de las reclamaciones".

Salvador Rodríguez señala que la mayoría de decisiones se basan en el mantenimiento del coto. "En el último juicio entregamos un documento remitido por Javier Biota, delegado provincial del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, en la que dice que el titular del coto deportivo de caza, matrícula 10.240 D, ha desarrollado hasta ahora una adecuada gestión de autorizaciones administrativas y cumplimiento de obligaciones impuestas por la normativa vigente en materia de caza".

Esta gestión incluye las actuaciones de control de especies cinegéticas y antropológicas, resultados de la temporada y presentación de la memoria económica de cada temporada. "No vale con esto y la sentencia dice que hay una clara y manifiesta dejación en el mantenimiento, no ya por la falta de vallado, sino porque no se han puesto luces reflectantes ni sustancias olfativas que ahuyenten a los animales".

En el recurso, la Audiencia Provincial dio la razón al Juzgado de Barbastro. "Nuestro abogado explica que en casos similares o iguales que el nuestro, la Audiencia Provincial de Zaragoza, y la de Teruel, han dado la razón a los cazadores. Nos encontramos en situación contraria, de indefensión". A la vista de la situación "solicitamos por escrito, al señor Biota, el vallado del coto de 5 metros de altura para evitar el paso de animales, jabalíes, corzos o conejos y la altura se justificaba por el paso de especies cinegéticas de vuelo".

La respuesta fue negativa "porque la Ley de Caza de Aragón prohíbe el vallado de los cotos ya que se evita el paso de especies cinegéticas y la propia Ley de Seguridad Vial dice que no podemos poner elementos de distracción en la carretera. Así que estamos en manos del juez y de sus interpretaciones", añade.

De momento, han pagado una sanción de casi 2.500 euros, "sufragada por todos los socios y se tomó la decisión de dejar el coto hace unos meses porque estamos indefensos. Está a menos de un kilómetro de la carretera donde se produjo el accidente. Tenemos cuatro o cinco casos pendientes y cualquier día nos veremos de nuevo en el Juzgado. Esta vez lo hemos podido sacar adelante, la próxima será imposible".

"SITUACIÓN INVIABLE"

El presidente señala que "lo único viable es que el denunciante se quede con la Asociación porque no podemos sufragar más gastos. El censo es de 400 socios pero a la vista de esta situación han aumentado las bajas. A este paso, podríamos desaparecer, igual que muchísimas en España. Estamos indefensos porque es imposible vallar los 1.500 cotos de caza que hay en Aragón. La Ley de Seguridad Vial y la de Caza de Aragón no establecen qué tipo de mantenimientos deben hacerse en los cotos".

En consecuencia "cuando no estemos los gestores de cotos les tocará asumir esta situación a los propietarios de terrenos porque serán los responsables de cualquier accidente en la carretera próxima" señala Salvador Rodríguez, portavoz de la Junta formada por Faurino Cobo, José María Simón, Manuel Domper, Pedro Mairal, Alejo Olivares, José María Margalejo, Martín Sancho, José Manuel Blasco, Juan Antonio Martínez y Gregorio Varea.

FUENTE: diariodelaltoaragon.es


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