Siete personas han sido imputadas por su implicación en supuestos delitos contra la salud pública, contra la propiedad industrial, caza ilegal y tenencia de armas. La operación, denominada Artemisa, comenzó el pasado mes de octubre, cuando se conoció la actuación reiterada de cazadores furtivos en distintas fincas rústicas ubicadas en las estribaciones de la Sierra de San Pedro de Cáceres, zona declarada de “emergencia sanitaria”, por la prevalencia de la tuberculosis en los ejemplares de cérvidos. Fruto de las primeras investigaciones, los agentes del Seprona identificaron a dos de los detenidos en una caza ilegal, en la que habían abatido un ejemplar hembra de ciervo, abandonando el cuerpo del animal tras haber sido previamente despojado de los lomos y jamones.

El seguimiento de las actividades mercantiles llevó a los investigadores a conocer que entre los productos cárnicos manufacturados que ofertaban se encontraban embutidos elaborados con carne de caza – abatida ilegalmente – sin que ésta fuese sometida, previamente, a los controles y reconocimientos sanitarios preceptivos. Además, para dotar a estos productos de apariencia legal y facilitar su venta, se les colocaban etiquetas de marcas comerciales reconocibles por los consumidores. Las primeras detenciones se realizaron en la manañana del 16 de diciembre en la provincia de Cáceres, donde se practicaron dos registros domiciliarios: uno en Malpartida de Cáceres y otro en una casa de campo en la Sierra de San Pedro.

En Malpartida de Cáceres, los agentes registraron un anexo de la vivienda que era usado para envasar y etiquetar productos alimenticios, donde encontraron una máquina etiquetadora que marcaba fechas de caducidad, unos seiscientos chorizos sin etiquetas, setecientos quesos - de los que la mitad se encontraban en deficiente estado de conservación y el resto carecían de etiquetado y de cualquier información acerca de su trazabilidad -, más de seiscientas etiquetas de productos cárnicos y quesos de marcas registradas correspondientes a distintas empresas ubicadas en varias provincias del territorio nacional así como siete armas de fuego. En la casa de campo se halló el vestuario, medios y efectos empleados en la caza furtiva (mochilas, hachas, machetes, adaptadores para medios de iluminación, amplificadores de imágenes, etc) y métodos de caza masivos no selectivos como trampas-cepo y redes para la captura de aves.

Tras los registros, se confirmó la hipótesis que sustentaba la línea de investigación policial que presumía que los detenidos vendían productos elaborados con carne de caza, omitiendo cualquier tipo de control sanitario, y quesos en mal estado o de procedencia desconocida, que etiquetaban sirviéndose de marcas de empresas legales, estampando fechas de caducidad o consumo preferente simuladas. Los cuatro detenidos están en libertad con cargos, aunque como medida cautelar, están inhabilitados para vender productos de charcutería o quesos.

Las investigaciones continuaron en los primeros meses de 2014, lo que permitió imputar a otras tres personas en distintas poblaciones de la provincia de Salamanca y Cáceres, acusadas de comercializar irregularmente los alimentos. Se considera que han podido resultar perjudicadas, por el uso ilegal y fraudulento de las marcas comerciales, al menos una docena de empresas alimenticias radicadas en territorio español.

FUENTE: