El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no mueve un ápice su posición. Tal y como estipula el proyecto de ley aprobado a comienzos del año por el que se regula la gestión de los Parques Nacionales españoles como el de Guadarrama, la caza está prohibida dentro de sus límites de protección. Y a esa norma se aferra la Administración General del Estado para ratificarse en el veto a la actividad cinegética en estos entornos. El ministro Miguel Arias Cañete también esgrime este mismo razonamiento legal al explicar el porqué de la postura del Gobierno central contraria a mantener la moratoria de diez años que le pedía la Junta de Castilla y León en el caso del Parque de Guadarrama.

En declaraciones a El Norte de Castilla, Arias Cañete precisa que «por excepción, hay algunos parques que son privados en los que se venía cazando y no se ha expropiado a los propietarios, por lo que han mantenido ese derecho» a la caza. El ministro insiste en que estos casos son extraordinarios y que «la norma general» es que la actividad cinegética «no está permitida en los parques nacionales, una norma que tenemos que consolidar», apostilla.

Recurso en el Constitucional

El alcalde del Real Sitio de San Ildefonso le replica: «no comparto en absoluto las declaraciones del ministro». José Luis Vázquez también se mantiene en sus trece y vuelve a evidenciar su discrepancia con la decisión de prohibir la caza. El pleno del Ayuntamiento que él preside ya aprobó hace unos meses la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional por la exclusión de la práctica cinegética del área protegida.

El regidor sostiene que la caza, como la corta o los pastos, han contribuido a la sostenibilidad del entorno durante trescientos años y por eso «han recibido el aval como modelo de gestión» por parte de la Unesco al reconocer al Real Sitio con el título de Reserva de la Biosfera, sin contar la propia declaración del Parque Nacional Cumbres de la Sierra de Guadarrama.

Vázquez lamenta los oídos sordos hechos por el Ministerio a esa petición de moratoria lanzada y auspiciada por la Junta de Castilla y León. La Administración regional «valoró la conveniencia de aplicar» esa prórroga de diez años porque se «habían conculcado de forma arbitraria» los derechos a la conservación de la práctica cinegética. Lejos de ahondar en la discordia, el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso y el Ministerio, junto con la asociación de cazadores, prefieren encontrar un punto de entendimiento donde converjan los intereses de todas las partes implicadas.

«Enjugar el atropello»

Esa búsqueda aboga por la formulación de «soluciones alternativas» al veto cinegético que tanto malestar ha originado en la comarca y en el colectivo de aficionados.

Las opciones están aún cogidas con alfileres. No hay nada concreto ni acuerdo firme, pero el alcalde granjeño confía en que a lo largo de las próximas fechas se pacte esa deseada solución «para enjugar lo que ha sido un atropello a los vecinos cometido de forma unilateral» por el Congreso de los Diputados que dio luz verde a la prohibición. La alternativa en la que trabajan –explica José Luis Vázquez a grandes pinceladas– pasa por habilitar un coto «suficiente de interés» que se situaría en «las zonas inmediatas» al área del Pinar de Valsaín que se está gestionando bajo la figura de protección, donde además el Ministerio «se haría cargo de los derechos concesionales».

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