Los hechos punibles tuvieron lugar entre el 2009 y finales del 2012. Durante ese tiempo, y valiéndose de su puesto de funcionario en la Xunta, un trabajador ideó desde la sede provincial de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza en A Coruña una trama que vendía licencias de caza a cambio de 80 euros primero y 150 después. A cambio, los beneficiarios no tenían que hacer frente al examen que desde el 2008 es obligatorio en Galicia para obtener este permiso. Hasta ahora, este individuo era el único, de los más de 150 imputados, vinculado a la maquinaria burocrática del Gobierno gallego. Por eso, la sorpresa saltó esta semana cuando trascendió la detención, a finales de marzo, del jefe territorial de Medio Ambiente en el distrito forestal 4, de Noia.

Los encargados de llevar a cabo el arresto fueron agentes del Seprona. Al parecer, el detenido, que fue trasladado a un cuartel de la Guardia Civil, se negó a declarar. Finalmente, este trabajador con importantes responsabilidades laborales en la zona fue puesto en libertad con cargos a la espera de ser citado judicialmente para hacer frente a una acusación de falsedad documental. Fuentes de la investigación no descartaron que pueda haber más personas vinculadas laboralmente a la Administración gallega en la misma comarca.

Lo que resulta un hecho constado al analizar el número de personas imputadas -que alcanza las 150- es que Barbanza y Muros-Noia son las zonas geográficas de la provincia en la que hay más beneficiarios. Y es que solo en esta parte de Galicia, tal y como trascendió la semana pasada, el número de imputados supera el centenar. Aquí, hay que decir que esta semana los presidentes de las principales sociedades de caza en las comarcas barbanzana y noiesa desvincularon a sus entidades de cualquier implicación y aseguraron no tener constancia de que sus socios fuesen citados por la Justicia.

Otro hecho constatado revela que esta trama tenía contactos en diferentes puntos de la provincia que hacían de enlace para captar clientes en la Costa da Morte, Cedeira, Melide o Arzúa. Es más, los responsables de la investigación han implicado al propietario de una gestoría en Santa Comba que, parece ser, está imputado por un delito de falsedad documental por el que tuvo que declarar en el cuartel de esta localidad, y a un agente de la Guardia Civil de Miño, que fue investigado.

La ramificación leonesa

Que los ideólogos de este fraude se beneficiaban de un vacío legal para solicitar licencias de caza a la Junta de Castilla y León, que no exige hacer un examen para obtener el permiso, se conocía desde febrero. Lo que ha trascendido ahora es que el número de licencias que se obtuvieron a través de este sistema en la comunidad vecina alcanza las cincuenta.

FUENTE: LA VOZ DE GALICIA