El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, anunció ayer que la Junta ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de un lobo en Riaño que portaba un collar de seguimiento con GPS desde el pasado mes de octubre y que formaba parte de un estudio llevado a cabo por los investigadores del parque. Eso sí, el consejero aseguró que el lobo abatido, el pasado día 7 de enero, estaba dentro del cupo permitido para el control anual de la especie y que era «cazable».

El Comité Técnico del Plan de Conservación y Gestión del Lobo fijó en septiembre para el periodo 2012/2013 en Castilla y León un cupo de 137 ejemplares, 47 de ellos en León, divididos entre Riaño (23), luna (6), Bierzo (6), Tierras de León (3), Sahagún (2), Cabrera (2), Astorga (1), La Bañeza (1), y Esla-Campos (1).

Por su parte, los grupos ecologistas lamentaron que la muerte de este ejemplar se sumase al episodio acontecido con la muerte del lobo apodado Marley, ejecutado por personal de la administración del Parque Nacional, que también formaba parte del mismo estudio científico. Además, indicaron que se demuestra «de nuevo» que las batidas de lobos se realizan «sin coordinación» entre administraciones implicadas en su «supuesta» co-gestión del Parque Nacional, y que informes técnicos encargados por el propio Parque desaconsejan la realización de controles de lobos.

Unificación jurídica

Silván explicó que desde la Junta se ha solicitado la unificación del régimen jurídico del lobo en toda la comunidad, dado que al norte del río Duero es especie cinegética y al sur esta considerada como especie protegida. Así, resaltó que la solicitud se ha realizado a la Comisión Europea a través del Ministerio de Agricultura. «Lo que sí quiero garantizar y así se lo traslado a los titulares de las explotaciones ganaderas, es el máximo apoyo por parte de la Junta de Castilla y León para trabajar todos de la mano en este asunto», matizó el consejero.

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