Aunque los dueños no lo saben, en casi todas las fincas se permite que los cazadores entren libremente. Los trámites para prohibir las escopetas en terreno privado tardan entre dos y tres meses. En Mallorca hay unos cincuenta propietarios que lo han pedido.

Sentados en el pórtico de su casa en el campo, tomando un café con unos amigos, tranquila y relajadamente, en un domingo cualquiera de otoño. De repente se oye un estruendo. El traquido se repite una y otra vez, se va haciendo más fuerte, se va acercando. Los amigos comentan preocupados ese ruido hasta que ven volar a escasos metros de distancia un perdigón. Dan por terminado el café dominical al aire libre por miedo a que les alcance alguna bala perdida.

Esta situación, relatada por un vecino de Capdepera, la ha vivido más de un dueño de finca rural de la part forana durante la temporada de caza. "Si les pides que se alejen de la casa, encima se te encaran. Y, claro, ellos son los que tienen la escopeta", añade el mismo gabellí, quien alega que no quiere que aparezca su nombre por las posibles represalias de los cazadores.

Él es uno de los que han optado por prohibir las escopetas dentro de su propiedad. ¿Cómo? Convirtiendo su parcela en un refugio de fauna. El responsable de conservación del Grupo Ornitológico Balear (GOB), Toni Muñoz, explica que "no hay otra forma de echarles de una finca, porque la ley ampara a los cazadores".

El Consell de Mallorca es la institución que actualmente tiene las competencias de caza en la isla y, por ende, tiene la potestad de declarar los refugios de fauna. Antes de comenzar la tramitación, el dueño ha de saber qué tipo de coto es su finca. Existen tres supuestos: que sea un terreno de acceso libre, que sea un coto privado o que pertenezca a la sociedad de cazadores del municipio. La legislación actual solo prohíbe la actividad cinegética en el territorio urbano, en las zonas de seguridad –por ejemplo, cerca de carreteras o viviendas–, y en los parques y reservas naturales. El resto pasó a ser terreno de acceso libre, así que cualquier cazador del mundo –con licencia, eso sí– podía entrar libremente a cualquier terreno.
En los años 90, una nueva norma provocó que los ayuntamientos agregaran las fincas rústicas a los territorios de la sociedad de caza local sin autorización del propietario, entendiendo que era mejor para los dueños, ya que solo podrían entrar los cazadores de un municipio. Por tanto, quien entonces no se opuso explícitamente a ello, aunque no se enterara, pasó a formar parte del área cinegética de una sociedad de caza.

Una vez que se sabe si es terreno libre, coto privado o coto municipal, se puede comenzar a tramitar el refugio de fauna. Para conseguirlo no hay que pagar tasas caras ni hace falta invertir mucho tiempo. El coste oscila entre los 100 y los 200 euros, aunque varía en función de la superficie. El mínimo es de diez hectáreas, aunque diferentes fincas limítrofes pueden agruparse para alcanzar esa exigencia.

En total, el Consell de Mallorca tarda entre dos y tres meses en responder desde que se presenta toda la documentación.

Según Toni Muñoz, cada año entre dos y cuatro propiedades vetan la presencia de cazadores. Actualmente hay unos cincuenta refugios de fauna. "Aunque esta figura se creo en los años 70, sigue habiendo mucha gente que no la conoce", apunta el biólogo.

Los datos facilitados por el GOB señalan que en Balears hay unas 21.000 licencias de caza menor, lo que "triplica la media estatal de cazadores por superficie", dice el ecologista.

El presidente de la Federación Balear de Caza, Jaime Ripoll, opina que "prohibir la caza en ciertos lugares concretos y estudiados es buena idea, pero no que se sumen fincas y fincas porque sí".

Cumplir la normativa
Consciente de que el GOB promueve la creación de más refugios privados, Ripoll defiende que la entidad que él preside comparte intereses con los ecologistas. "Las federaciones también respetamos a los animales. Cuidamos durante doce meses los hábitats cinegéticos y solo los aprovechamos cinco meses. Los cazadores no hacemos tanto daño", manifiesta el presidente.
El responsable de conservación del GOB razona en sentido contrario a Ripoll: "Hay muchos que incumplen la normativa de forma consciente. Cada año hay conejos envenenados y halcones heridos, y es muy difícil confundir un halcón con un tordo".

Ripoll alega que las malas prácticas de los cazadores son puntuales y la entidad ecologista les pide "que asuman que existe ese problema, que se declaren en contra de estos actos y que denuncien a los infractores en vez de protegerlos". "Su estrategia es negarlo todo y así no ayudan a limpiar su imagen", matiza Muñoz.

Las últimas propiedades de Mallorca que se han convertido en refugio de fauna son las de Can Llompart, Can Puig y Can Gatules, en Pollença. En total, 64 hectáreas. El promotor, que tampoco quiere dar su nombre, recuerda que esta protección no afecta a nivel urbanístico ni implica una tarea adicional de cuidado de las especies animales de la zona.

"Hace poco los agentes de Medio Ambiente vinieron a reconocer el perímetro y nos indicaron dónde teníamos que señalizar. Nos dieron un teléfono para avisarlos en caso de que entre alguna escopeta", dice el pollencí.

El 9 de octubre se abre la veda del tordo, una de las aves más apreciadas por los tiradores locales. El dueño de Can Llompart solo espera no tener que llamar al teléfono que le facilitaron y no oir más tiros cerca de casa.

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