La aprobación el 16 de noviembre de 2009 de la Ley de Pesca en los ríos del Principado para el año 2010 acabó como el rosario de la aurora. Primero, porque ayer mismo se hacía pública una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que la anula, al estimar la sala el recurso contencioso interpuesto por la Sociedad de Pescadores El Esmerillón. Los efectos, a toro pasado, no serán muchos, pero el mazazo para la Administración regional es más que evidente, a pesar de que la polémica normativa haya sido tumbada exclusivamente por un defecto de forma. Y es que la Ley 6/2002 sobre protección de ecosistemas acuáticos y de regulación de pesca en aguas continentales deja claro que «la resolución sobre normativa anual de pesca en aguas continentales será dictada antes del uno de noviembre del año anterior». Y como el plazo no se cumplió, pues la norma es considerada nula.

 

Con esta es la segunda vez que la justicia anula la normativa regional de pesca, algo que a juicio de la sociedad de pescadores -que hoy dará una rueda de prensa para valorar la sentencia- «es muestra de que la Administración regional hace lo que le viene en gana, porque no les importa que después les anulen las normas», se lamentaban. Y es que la sentencia llega tarde. Tanto, que ya se aprobó una nueva normativa, mucho menos restrictiva, para 2011.

 

De forma paralela se generó un debate político que estuvo también presente en las recientes elecciones regionales, con un Francisco Álvarez-Cascos apostando en su programa de Foro Asturias por recuperar los ríos para los pescadores. Una postura que le valió las críticas de los empresarios de turismo activo del Oriente asturiano, que temen que el nuevo Gobierno les limite su presencia en el Sella. A pesar de que los candidatos de Foro Asturias de la zona se comprometieron con ellos a que lo único que se haría es aplicar la legalidad vigente, no se quedaron tranquilos. Y menos cuando Foro Asturias ganó las elecciones. Esta sentencia viene ahora a calentar de nuevo el debate.

 

¿Pero cómo empezó todo? Fue en 2009 cuando, como cada año, las asociaciones de pesca negocian con la Administración la normativa del año siguiente. La directiva de la asociación de pescadores El Esmerillón, que agrupa a más de 2.000 socios de toda Asturias y centra su actividad en los ríos del Oriente de Asturias creían que las restricciones que planeaba la Consejería de Medio Ambiente eran «un auténtico mazazo para la actividad en la comarca». Menos zonas de pesca -las que quedaban, compartidas a cierta hora con las canoas-, menor cupo de capturas y menos tiempo para pescar, puesto que la mayoría de la temporada quedaba reservada para la pesca sin muerte, una especialidad que más tarde se demostraría que no era del agrado de los aficionados. Y es que el presidente del colectivo de pescadores, el siempre combativo Antón Caldevilla, explicaba más tarde, ya con la campaña en marcha, que «la afluencia de pescadores en el río es mínima por culpa de las restricciones, y hay muchos negocios en el sector de la hostelería que lo están notando».

 

Una vez aprobada la norma, el 16 de noviembre, El Esmerillón presentó un recurso administrativo. Esperaron hasta febrero, pero no obtuvieron respuesta de la Administración regional. Fue entonces cuando acudieron a la justicia ordinaria, y para tumbar la norma se acogieron a defectos de forma, puesto que el Principado la había aprobado fuera de plazo. La temporada comenzó entre protestas de los pescadores, que tuvieron que acatar la Ley. Ahora, con ella anulada, aquellos que fueron multados por incumplirla podrían recurrir las sanciones, al estar basadas en una normativa anulada por la justicia.

 

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