Paso adelante, aunque limitado, para unificar trámites administrativos, pero el pacto no llega a algo casi intocable: las tasas que imponen cada autonomía. «Eso forma parte de cada Hacienda autonómica y seguirá siendo así. Cada territorio colocará los precios y tasas que considere oportuna», informa José Luis del Pozo. De hecho, la negociación que se abrió hace casi tres años para implantar la licencia única de caza y pesca en el mayor número de comunidades del país dejó claro, desde el inicio, que eso no iba a ser objeto de debate, aunque los cazadores y pescadores hubieran deseado de forma general andar ese camino. En Extremadura, colectivos como la Asociación de Gestores Extremeños de Caza (Agexcaza), sostienen que la región pierde cazadores de otras regiones debido a los impuestos cinegéticos que están fijados en Extremadura. En la región hay unas 25 empresas que se encargan de la gestión cinegética de fincas y cotos privados.
En Zarza Capilla, en la cola del pantano de La Serena, el titular de un coto privado de 3.630 hectáreas para caza mayor, abona al año a 18.000 euros por el impuesto de aprovechamiento cinegético. A pocos metros, tras cruzar un puente, en suelo cordobés, ese mismo dueño tiene otro coto de 3.600 hectáreas con idénticas características y, por eso, paga a la Junta de Andalucía 737 euros al año. En Castilla y León y Castilla-La Mancha rigen también unas tasas muy inferiores. La diferencia de coste allana la duda a potenciales cazadores a la hora de elegir destino, indica Agexcaza.
La Junta recauda cada año entre 4,8 y 5 millones de euros por la tasa de aprovechamiento cinegético. De ahí, entre 4 y 4,2 millones (85% del total), llegan de los cotos privados, un 12% de los deportivos no locales y un 3% de los cotos locales.
FUENTE:
Volver al índice
