El Parlamento cerró ayer la ponencia para la nueva ley de Caza, que ahora requiere el visto bueno de la comisión y del pleno de la Cámara. Los grupos alcanzaron un consenso sobre uno de los temas más conflictivos: la distancia de tiro en relación a los núcleos habitados.

El documento cerrado establece una distancia de seguridad general de 200 metros en los casos de núcleos rurales y urbanos, explotaciones ganaderas y agroturismos. En el caso de edificios habitables aislados, se entiende que la zona habitable incluye un perímetro de 50 metros, a partir de los cuales la distancia de seguridad será de 100 metros.

El portavoz de Agricultura y Ganadería del PSE-EE en el Parlamento vasco, Benjamín Atutxa, valoró que el "alto grado" de consenso alcanzado en torno a la ley de Caza va a permitir una "mejor convivencia entre cazadores y baserritarras" y una gestión "más equilibrada y sostenible" de la actividad cinegética.

El parlamentario socialista destacó que los grupos participantes en la ponencia "hemos sido capaces de intentar entender los intereses de todos los afectados por la futura normativa". "Hemos escuchado a los cazadores, a los baserritarras, a quienes tienen alojamientos rurales y nos hemos esforzado por encontrar un punto común que no lesione a nadie, porque al final de lo que se trata es de un problema de convivencia y de seguridad", remarcó.

Una demora excesiva

En su opinión, el asunto de las distancias ha demorado "excesivamente" la aprobación de esta regulación, "muy demandada por la gran afición a la caza que existe en Euskadi", pero que también "había llevado preocupación a otros sectores en un país donde sabemos que existen muchos caseríos y viviendas aisladas en lugares donde se practica la caza".

Esta normativa se ha encontrado con las reivindicaciones que tanto la Asociación de Defensa de la Caza y Pesca (AEDECAP) como los distintos grupos ecologistas, baserritarras y los sindicatos agrarios han puesto sobre la mesa.

Actualmente, más de 100.000 personas disponen de una licencia de caza en el País Vasco y las principales asociaciones que representan a este colectivo han insistido en que la norma deberá reflejar el "reconocimiento" y "respeto" a la figura del cazador vasco. La veda de zonas libres, las distancias de seguridad o la clasificación de las infracciones han sido sus principales quejas.

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