La aparición en los últimos meses de varios ejemplares de especies protegidas muertos con síntomas de haber sido envenenados, ha provocado que la Junta haya suspendido el aprovechamiento cinegético durante dos años en ocho municipios de la comarca abulense de La Moraña, al norte de la capital.

Se trata de las localidades de Pozanco; Peñalba de Ávila; Riocabado; El Oso; Gotarrendura; Mingorría; Las Berlanas y Santo Domingo de las Posadas, según la resolución que aparece publicado este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

En esta zona aparecieron muertas entre abril y mediados de junio cinco águilas imperiales ibéricas –en peligro de extinción-; once milanos reales -especie vulnerable-, y dos buitres negros, un milano negro, dos busardos ratoneros, un cuervo y un águila calzada, además de dos cebos.

Los informes anatomopatológicos de las necropsias realizadas a estos ejemplares remitidos al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid, concluyen que las lesiones encontradas "podrían deberse a una intoxicación aguda".

Además, los análisis toxicológicos realizados en el Laboratorio Forense de Vida Silvestre de Madrid demuestran la presencia de un "insecticida muy tóxico" llamado aldicarb, de ahí que "no existe ninguna duda de que los ejemplares murieron por ingestión de ese producto".

La Junta, que ya había advertido de la posibilidad de adoptar esta medida a raíz de estos hechos, ha decidido suspender dos años el aprovechamiento cinegético ante "un conjunto de episodios de mortalidad no natural que han afectado a poblaciones de fauna no cinegética".

Según la Administración autonómica, se trata de hechos "graves, tanto por la amplia distribución de los hallazgos, como por el número y la diversidad de los especimenes afectados, incluidos dentro del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas".

Con esta decisión, el Gobierno regional pretende "favorecer el incremento de las poblaciones de las especies cinegéticas, al ser preservadas de la caza deportiva, favoreciendo de esta manera a los consumidores secundarios y terciarios que han sufrido en mayor medida el daño ambiental".

Aunque la suspensión se prolongará durante dos años, transcurrido el primero la Consejería de Medio Ambiente valorará las iniciativas de revisión de los titulares de los cotos y una vez evaluadas esas propuestas, "se podrá estudiar el levantamiento de esa suspensión en las áreas y condiciones que se determinen expresamente".

"Las medidas adoptadas se corresponden con la mejora de los sistemas de vigilancia, la regularización del aprovechamiento cinegético en el caso de que se levantara parcialmente la suspensión y la garantía del buen desarrollo del ciclo vital de las rapaces afectadas", matiza la Junta, que realizará un seguimiento de la población afectada con el fin de "valorar y evaluar su evolución y recuperación".

Asimismo, transcurrido el periodo de vigencia se evaluará la evolución de las poblaciones afectadas y se determinará la conveniencia o no de prorrogar la medida.

Tras la aparición en abril de varios ejemplares muertos en El Oso, entre ellos un águila imperial ibérica, la Junta calificó este hecho de "especial gravedad", dado que se trata de un ave en peligro de extinción, la Junta. Por ello, en aquel momento, la Consejería de Medio Ambiente dijo que estudiaría la posibilidad de establecer la "veda total" en la comarca "en virtud de lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Caza".

La Administración autonómica recuerda que el águila imperial ibérica es una especie clasificada "en peligro de extinción", lo que la hace ser la rapaz "más amenazada del continente europeo y una de las cuatro aves de presa más escasas del planeta".

Las 250 parejas que existen en el mundo se localizan en la Península Ibérica, mientras que en Castilla y león se localizan fundamentalmente en la vertiente norte del Sistema Central, en las provincias de Ávila y Segovia, donde se está produciendo en los últimos años una "importante expansión de la especie".

Por ello, hechos de estas características "suponen un importante golpe para los objetivos de recuperación de la especie, cuando se estaban produciendo avances importantes en su recuperación, tras la aprobación del Plan de Recuperación por Decreto 114/2003 de la Junta y de las medidas de gestión que se aplican desde hace más de 20 años".

Además, se recuerda que las consecuencias de los envenenamientos pueden ser "graves no sólo para la fauna silvestre", sino también para los animales domésticos y las personas, que pueden verse afectadas, con las consiguientes "responsabilidades penales" que llevan aparejadas. Por ello, se dio traslado al Ministerio Fiscal de estos hechos para que "se adopten las medidas oportunas".

La Junta recuerda que la utilización de venenos y cebos envenenados "está expresamente prohibida por la Ley de Caza de Castilla y León" y que la infracción de este precepto está considerada como falta "muy grave", con una sanción de multa que oscila entre 3.903,88 y 78.077,48 euros.

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