Los cazadores riojanos han exigido al Gobierno de La Rioja que rechace las posibles restricciones de caza a la codorniz que se debatan los próximos 12 y 13 de febrero en la reunión de la Task Force de la Comisión Europea.

Esta petición se ha articulado a través de una acción conjunta de 17 federaciones autonómicas de caza, coordinada por la Real Federación Española de Caza. Mediante esta iniciativa, la Federación Riojana de Caza ha entregado una carta a la Dirección General de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente exigiendo una postura rotunda contra las limitaciones propuestas por el Consorcio Científico de la Comisión Europea.

La exigencia se produce días antes de que, el próximo 29 de enero, los representantes del Gobierno de España y las Direcciones Generales autonómicas se reúnan para fijar una postura nacional respecto a la caza de esta especie.

Argumentos científicos y técnicos

Las federaciones de caza consideran fundamental que el Gobierno Central mantenga su oposición a las restricciones. Se apoyan en los siguientes puntos detallados en la misiva:

• Falta de rigor: Insuficiente rigor técnico en las recomendaciones a favor de las restricciones. 

• Ineficacia: Las medidas serían contraproducentes para la gestión y monitorización de la especie. 

• Datos de respaldo: El proyecto Coturnix (impulsado por Mutuasport y la Fundación Artemisan) aporta datos que no justifican las medidas preventivas propuestas por la Comisión Europea.

• Incoherencia: Exceso de orientación e incoherencia en las recomendaciones del Consorcio Científico.

Declaraciones de la Federación

"Los cazadores riojanos estamos a disposición del Ejecutivo riojano para adoptar medidas que permitan mejorar el conocimiento científico de la especie, reforzar la gestión de su hábitat y establecer medidas de gestión cinegética coordinadas", señala Karla Anguiano, presidenta de la Federación Riojana de Caza. 

Anguiano añade que, desde La Rioja, "combatiremos cualquier restricción de caza de la codorniz que, en caso de producirse, criminalizarían a la caza como causante de un problema que no ha provocado, siendo además el sector que más trabaja por la investigación, conservación y gestión de esta especie".