El proyecto de Ley de Derechos de los Animales se ha elaborado sin estadísticas oficiales sobre abandono

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Enviado por Fundación Artemisan el 30-09-2022

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El proyecto de Ley Animalista de Derechos de los Animales elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados, se habría elaborado sin estadísticas ni datos oficiales sobre abandono de perros, según ha confirmado esta misma mañana el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, en la presentación de la IV Jornada Parlamentaria de Protección Animal organizada por APDDA en el Congreso de los Diputados.

Según sus propias declaraciones en relación a la elaboración de la Ley Animalista, García Torres ha afirmado durante el inicio de la jornada que “la Administración no tiene datos de animales abandonados” y ha apuntado a los datos de la Fundación Affinity como “los datos más aterrizados que tenemos para poder trabajar estas normas”.

El director general de Derechos de los Animales obvia, sin embargo, las estadísticas del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, pese a ser el único organismo oficial que recaba datos sobre abandono y maltrato, y cuyas cifras sitúan los casos de abandono y maltrato en 839 durante el año 2020 y en 1.168 casos durante 2021.

Fundación Artemisan considera incomprensible que un proyecto legal, que tiene entre sus objetivos fundamentales el “maltrato cero” y la lucha contra el abandono, se elabore sin estadísticas ni datos oficiales que lo respalden, aun cuando propone normas que afectan gravemente a numerosos sectores del mundo rural y cuando se ha redactado sin consenso con colectivos y sectores afectados.

En este sentido, la Fundación recuerda que el sector cinegético es el principal implicado en la lucha contra cualquier tipo de maltrato y abandono, pero pide que se legisle con el rigor que debe imperar en la elaboración de leyes que afectan a millones de personas.

De hecho, recuerda que el sector ha participado de forma directa y activa en el desarrollo de normativas autonómicas de protección animal que han contado con el consenso de todos los sectores, algo que se ha evitado en la redacción de este proyecto por parte de la Dirección General.

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