La Federación de Caza de Castilla-La Mancha ha valorado que la Audiencia Provincial de Ciudad Real haya obligado al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Tomelloso (Ciudad Real) a abrir juicio oral frente a la mujer detenida en mayo de 2019 por incitar al odio en las redes sociales.

La Federación de Caza de Castilla-La Mancha, que ejerce la acusación popular, recurrió a la Audiencia Provincial de Ciudad Real ante la decisión del Juzgado de archivar la causa en pleno debate sobre los límites de la libertad de expresión y el discurso del odio.

Meses después, la Audiencia Provincial daba la razón a la Federación de Caza y a la Fiscalía, y ordenaba reabrir la causa y la apertura de juicio oral.

El Auto de la Audiencia acoge de forma explícita la necesidad de plantearse ampliar la protección penal de determinados colectivos “a fin de garantizar los derechos de los ciudadanos y su dignidad” en un contexto de “involución social que ha relajado, con mucho, los estándares de respeto debido a quién piensa diferente”.

La Audiencia reconoce como colectivos no vulnerables (como de los cazadores) se ven sometidos a un ataque constante por otros grupos “con expresiones desafortunadas, que exceden en numerosas ocasiones los límites de la crítica, y quebrantan los límites del respeto y la convivencia que deben imperar en una sociedad civilizada”.

Entre los mensajes que aparecían en las redes sociales destacan algunos donde aparecía una persona con indumentaria de cazador y ahorcada en un árbol, acompañada del texto “no servía para cazar”.

“La investigada profirió de forma reiterada frases ofensivas y vejatorias contra cazadores, toreros, policías y guardia civil”, recoge el Auto de la Audiencia.

Para esta instancia judicial se trata de hechos que indiciariamente tendrían relevancia penal y considera que y que podrían ser consideradas como injurias graves a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La propia Audiencia recoge expresamente el derecho de los ciudadanos a la práctica cinegética en el contexto del discurso del odio, si bien únicamente admite que se la pueda procesar por las injurias graves a las fuerzas de seguridad.

Agustín Rabadán, presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, ha apuntado la necesidad de poner freno a los ataques en redes sociales a los cazadores y a la impunidad con la que se vienen perpetrando, “de ahí que 

decisiones como estas sean muy necesarias para proteger la dignidad de cientos de miles de españoles que realizan una actividad legal y legítima”, ha dicho.

Para Santiago Ballesteros, abogado de la Federación que lleva el caso, la Audiencia Provincial viene a reconocer lo que es un clamor social, la necesidad de modificar el delito de odio en el sentido “parar los pies a los odiadores y a quienes aprovechan el anonimato, la ausencia de filtro y la impunidad actual para incitar a la violencia más gratuita”.

Hay que recordar que la Federación tuvo que recurrir también a la Audiencia ante la oposición de la Fiscalía y del Juez instructor de que se personara en los autos

Como en esta ocasión, la Audiencia, le dio la razón, declarando expresamente su derecho a ser acusación y parte en el proceso.