La Asociación de Agentes Medio Ambientales de Castilla y León (Apamcyl) ha reclamado la unificación de todos trabajadores de este servicio, tanto de los funcionarios como del personal laboral, en un intento de crear un sólo cuerpo que vele por los intereses del medio natural de la comunidad.

Esta unificación implicaría la funcionarización de los celadores, un colectivo que cumple la función de agente en lo relativo al cumplimiento de la ley de caza, por lo que su trabajo está inevitablemente ligado a la reservas de caza. Para esta asociación sindicada, perteneciente a Uscal, «esta función no la debería realizar ningún personal laboral cuyo sueldo paga la Junta de Castilla y León, ya que las reservas de caza pertenecen  a los ayuntamientos y a las juntas vecinales, por lo que deberían contar con sus propios trabajadores o guías para acompañar a los cazadores y asegurarse de que cumplen con la normativa, ya que se trata de una actividad privada», afirman.

Este colectivo afirma además, que son muchos los ingresos que la actividad cinegética deja en las reservas, tanto en derechos de caza, como en licencias como en la subasta de las piezas, por lo que «deberían contar con sus propios celadores y no con los de la Junta de Castilla y León que deberían realizar otras funciones».

En Castilla y León trabajan un total de 150 celadores, cerca del 35% a través de oposición y el resto contratados en los distintos territorios donde prestan sus servicios.  León, con 27, es la provincia que más celadoras tiene de la comunidad.

Desde Apamcyl consideran que existen algunas funciones de los agentes y despliegue territorial que se solapa junto con el colectivo de celadores. «Esto tradicionalmente, junto por la idiosincrasia propia de las Reservas Regionales de Caza ha generado conflictos y duplicidades», afirman en una nota de prensa. Para esta asociación, la raíz de todo el problema se basa precisamente en esa duplicidad de colectivos sobre el mismo territorio, donde lo deseable sería que todo el personal que realiza funciones de vigilancia y gestión directa en el medio natural, estuviese intregado en un solo colectivo, con la totalidad de las competencias en materia medioambiental, y con la condición de agentes de la autoridad y policía judicial, esto es, en el colectivo de Agentes Medioambientales. También afirman que «hay una parte del colectivo de celadores que también vería con buenos ojos el cambio de pertenencia». Por todo ello, como Apamcyl reivindica de forma prioritaria la elaboración de una Ley de Cuerpo de Agentes Medioambientales. «Entendemos que sería una buena oportunidad para poder estudiar las posibilidades de un posible trasvase de forma voluntaria», apuntan.