La Real Federación Española de Caza y la Federación Sectorial Armera se han reunido con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para dialogar sobre la concreción de medidas de protección a los humedales y la limitación del uso de cartuchos de perdigones de plomo en el Proyecto de Modificación del anexo XVII del Reglamento REACH.

La subdirectora general de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial, Maj-Brut Larka Abellán, y su equipo técnico se reunían este martes, 28 de enero, con la Real Federación Española de Caza (RFEC), representada por su presidente, Ignacio Valle, y con la Federación Sectorial Armera (FSA), representada por Pablo González y Pedro Morrás.

En dicho encuentro los sectores cinegético y armero expresaron su apoyo a la limitación del uso de perdigones en humedales y la aplicación de estas normas limitativas, sin causar perjuicios innecesarios al colectivo cinegético y manteniendo la sostenibilidad del mundo rural.

Entre otros temas, remarcaron las dificultades de la sustitución del perdigón de plomo para una caza ética -otros metales y aleaciones son, por el momento, menos efectivos o de precios prohibitivos-, al tiempo que pidieron seguridad jurídica en la aplicación de la normativa de humedales. En concreto, en lo referente a la extensión de “zonas de protección o garantía”; la conveniencia de utilizar sólo el listado de humedales reconocidos como tales en el Convenio Ramsar; o en el exceso de celo normativo del texto propuesto sobre la posesión de cartuchería con perdigón de plomo, que con su actual redacción podría transgredir derechos básicos y perjudicar a cazadores cumplidores de la ley.

La modificación del texto “está recomendando restricciones del uso del cartucho con perdigón de plomo en todo tipo de terrenos cuando no es objeto de este proyecto”, ha indicado Pedro Morrás, de la FSA, añadiendo: “No es cierto, y lo señalamos como profesionales deseosos de que lo fuera, que existan alternativas de cartuchos sin plomo ampliamente disponibles”.

Por su parte, el presidente federativo, Ignacio Valle, pidió la “máxima cautela” a la hora de establecer limitaciones que perjudican directamente a la economía rural, sobre todo cuando con la actual normativa europea de protección de humedales “no existe un informe científico que respalde que se estén depositando en ellos 4.000 toneladas anuales de plomo y menos que se esté causando la muerte de un millón de aves”.

La Subdirección General de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial fue receptiva a las propuestas de estos sectores, manteniendo su pretensión de conseguir el menor impacto posible en el mundo cinegético y abriendo una línea de colaboración e información entre ambas partes.