Como ya se sabía de antemano, por la posición mayoritaria de los grupos políticos que presentaban la Proposición de Ley de reforma de la Ley de Caza, la Cámara Regional de Castilla y León aprobó ayer esta modificación, por 72 votos a favor y 10 abstenciones.

Tras este paso parlamentario, es posible incluso que el próximo día 1 de abril, fecha prevista para iniciar el período hábil del corzo, comience la temporada. Para ello se tiene que publicar la reforma de la Ley en el BOCYL este viernes. Al día siguiente entra en vigor y esto es ahora perfectamente posible. Si no es así, la caza se abrirá en los siguientes días de la primera semana de abril.

Lo primero que tenemos que decir los cazadores es gracias a la clase política de Castilla y León por respaldar de forma unánime a la caza y al medio rural. El esfuerzo de todos ha sido muy grande, pero al final tenemos el reconocimiento unánime de todos los grupos de las Cortes, que consideran a la caza una actividad a preservar e impulsar y fundamental para el equilibrio de los ecosistemas y el control de las poblaciones silvestres y para la economía de Castilla y León, la rural en particular.

Este apoyo lo queremos ver plasmado en los programas de los partidos políticos que se presentan a las elecciones autonómicas y, para ello, ya hemos presentado a todas las formaciones que concurren a estos comicios una serie de principios básicos de apoyo a la caza que esperamos todos suscriban. “La caza también vota” no debe ser solo un eslogan.

Otra cuestión muy importante que es necesario saber, es que esta modificación legal no es en sí misma una solución y nadie podemos verla así; es una regulación de urgencia para salvar la caza. Era cazar o no cazar.

Y esta respuesta de la sociedad de Castilla y León a través de sus representantes en la cámara regional es, además de por supuesto legal, absolutamente legítima, a pesar de lo que digan el PACMA, Ecologistas en Acción y quién lo diga, y no contraviene ninguna resolución judicial que, por cierto, es un Auto de medidas cautelares que sorprendentemente habría tenido efectos de sentencia firme.

Solo faltaría que las Cortes de Castilla y León, que representan a todos los ciudadanos de nuestra tierra, no puedan legislar para regular una actividad, por muy poco que les guste a una minoría y sus ramificaciones en la administración o la magistratura.

Somos conscientes, y así se lo trasladamos a los ciudadanos en general y a los cazadores en particular, que comenzamos una etapa que va a ser complicada, por la interpretación y aplicación práctica de la nueva normativa cinegética. También porque esta facción radical no va a cejar en intentar imponer a los demás su fundamentalismo, sobre todo si encuentra acomodo en resoluciones de órganos de la Administración.

Todos los partidos se han comprometido a que cuando se inicie la nueva legislatura se va a hacer una nueva Ley de Caza que impida que, por fisuras de la norma, se pueda imponer la opinión de unos pocos a los intereses de todos.

En ese compromiso estará la Federación de Caza de Castilla y León para conseguir una buena Ley que garantice una práctica cinegética segura, ordenada, responsable y comprometida con los intereses de nuestra tierra.