En un auto insólito, al menos así lo señalan desde determinadas fuentes, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acaba de suspender cautelarmente la caza en la Comunidad. En el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, que acaba de ser remitido, se ordena la medida cautelar de paralización del decreto que regula la conservación de las especies cinegéticas, atendiendo así al recurso presentado en su día por el partido animalista Pacma.

El auto del TSJ cuenta con el voto particular del  magistrado Felipe Fresneda, quien rechaza el recurso del Pacma y pide que se desestime porque, entre toda una serie de argumentos razonados con informes y diferentes sentencias, entiende que debe atenderse a que "a la suspensión a acordar no se siguiera un grave perjuicio a los intereses generales, o la denegación de la misma no cause perjuicio al particular".

Lo que ahora se paraliza es el Decreto 10/2018, de 26 de abril, por el que se modifica el Decreto 32/2015, de 30 de abril, busca establecer qué especies pueden ser consideradas como cinegéticas y da cobertura a la orden anual de caza, ya que a este texto le corresponde determinar qué especies, de entre las consideradas como cinegéticas, pueden ser objeto de caza.

En su auto, notificado hoy a las partes, la Sala reconoce la importancia que tiene la actividad de caza para Castilla y León desde un punto de vista económico y social. Eso sí, pondera, por un lado, los daños que pueden causarse por la suspensión del Decreto y, por otro, los daños que pueden causarse a la fauna salvaje como consecuencia de la práctica de esa actividad, concluyendo que los daños para los intereses generales derivados de la suspensión del Decreto pueden ser controlados por la administración, mientras que el interés "más sensible, más frágil y vulnerable" y, por ello, "más necesitado" de protección es el de la conservación de la fauna silvestre, según informa Ical.

Para ello se basa en que el ejercicio de la actividad de caza exige tener garantizado que la misma es posible en atención a los niveles poblacionales, distribución geográfica y tasa de reproducción de las distintas especies y, por lo tanto, que no se perjudique el estado de conservación de las mismas.

Por este motivo, el auto llama la atención sobre la circunstancia de que, para que la actividad de caza siga siendo un elemento de desarrollo económico y social de la Comunidad de Castilla y León es necesario que se practique "en condiciones" que aseguren que no perjudica el estado de conservación de las especies que se cazan, y de ahí la importancia que la consideración de una especie como cinegética cuente con estudios objetivos y actualizados que así lo determinen.

El Tribunal recordó que, recientemente, se habían dictado sentencias que no recogían este tipo de informes. En concreto, el auto dictado ahora cita la sentencia de fecha 17 de mayo de 2017, (dictada en el procedimiento ordinario 615/2015), que anuló determinados preceptos del Decreto 32/2015, de 30 de abril, antecedente del aquí impugnado, y la sentenciade fecha 7 de marzo de 2018 (dictada en el procedimiento ordinario 754/2016), que anuló la Orden FYM/609/2016, de 28 de junio, por la que se aprobaba la orden anual de caza.

El auto ahora dictado considera que el informe elaborado por la empresa contratada por la Administración (Consultora de Recursos Naturales, S.L.) y con arreglo al cual el Decreto impugnado determina qué especies de la fauna silvestre pueden ser consideradas como cinegéticas y, por lo tanto, que de conformidad con las ordenes anuales de caza, puedan ser cazadas no utiliza datos actualizados y suficientemente contrastados, por lo que incurre aparentemente en el mismo defecto que fue declarado en esas anteriores sentencias. Los magistrados llegan a esta conclusión a partir de las propias fuentes de información que dicho informe dice que utiliza.

El auto ahora dictado tiene en cuenta también que la citada sentencia de fecha 17 de mayo de 2017 (procedimiento ordinario 615/2015) razonó que la orden anual de caza no era norma con rango suficiente para valorar la utilización razonable de las especies, ni para establecer su regulación equilibrada desde el punto de vista ecológico, que era el instrumento normativo al que remitía ese Decreto, constatando que también en este punto y, al menos, aparentemente se incurre en el mismo defecto.

Finalmente, la Sala tiene en cuenta también que el Consejo Regional de Medio Ambiente que ha emitido informe en el proceso de elaboración del Decreto impugnado tiene una composición que ha sido anulada por esta Sala en sentencias anteriores, hoy firmes.

La Sala rechaza exigir fianza a la entidad actora por su situación económica y por ejercer una acción pública. El auto no ha sido dictado por unanimidad de sus miembros, al contar con un voto particular, y no es firme.