Tras haber podido entrar para verificar su estado, el Gobierno de Aragón ha estado trabajando en la elaboración del informe de valoración del coto de caza de Bastarás, en el que se encuentra el yacimiento neolítico de la cueva de Chaves por cuya destrucción ha sido condenado el empresario leonés Victorino Alonso.

La empresa Fimbas, propietaria de la finca, ha ofrecido al Gobierno de Aragón el coto en dación en pago para sufragar parte de la indemnización de 25,5 millones que dictaminó el juez como responsabilidad civil por la destrucción del asentamiento neolítico, uno de los mejores de Europa. La mercantil ha valorado el coto en 12,5 millones de euros.

El informe no está cerrado ya que en su elaboración están implicados tres departamentos del Ejecutivo: el de Hacienda, al que corresponde el tema de la propiedad patrimonial; el de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (en concreto la Dirección General de Gestión Forestal), competente en el ámbito cinegético y forestal; y el de Educación, Cultura y Deporte (Dirección General de Patrimonio Cultural) al que corresponde la parte de la protección del abrigo neolítico de la cueva de Chaves.

El pasado 8 de marzo, los servicios jurídicos del Ejecutivo remitieron un escrito al Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca en el que se manifestaba la intención de aceptar la finca.

La DGA, según han explicado a este periódico fuentes del departamento de Hacienda, estudiará si la valoración de 12,5 millones de euros es "real" y remitirá al juzgado su propia estimación. No obstante, las mismas fuentes han señalado que es la instancia judicial la que, en definitiva, tendrá que fijar el valor último de la finca.

Hasta que el informe no esté enviado al juzgado no será posible inscribir la finca como propiedad del Gobierno de Aragón.

Al margen de que finalmente se acepte o no, el Gobierno tiene claro que la zona de mayor relevancia e importancia de la finca es el yacimiento neolítico, al que se le aplica un régimen de protección que garantiza las posibles visitas arqueológicas de investigación.

En el informe que se está elaborando se estudian también, en el caso de aceptar la cesión de la finca, a qué finalidades podría destinarse. Todo parece indicar que podría adscribirse al Departamento de Desarrollo Rural y que pasaría a ampliar el terreno del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara.

Mientras que el Gobierno de Aragón trabaja en el informe y la justicia ha suspendido la pena de prisión de dos años a la que fue condenado Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento, los vecinos de Casbas de Huesca ven cómo ha disminuido el movimiento en torno a este coto de caza, y cómo en internet se anuncian como casas de turismo rural las viviendas que componen el núcleo de Bastarás, también propiedad de Fimbas.

Álvaro Bescós, concejal del Ayuntamiento de Casbas de Huesca al que pertenece Bastarás, señala que en la zona preocupa que se quite el vallado que rodea el coto de caza y si quedan dentro animales (de diversas especies introducidas para ser cazadas) puedan salir y repueblen el territorio, aunque precisa que "antes pasabas por la carretera y se veían animales" y ahora ya no es así.

El Gobierno de Aragón anuló en 2009 el coto por irregularidades, especialmente por la introducción del arruí, una cabra montés procedente del Sáhara, pero no fue hasta 2015 cuando el Tribunal Supremo ratificó el acuerdo. Entonces se abrió un periodo de dos años para capturar las especies alóctonas y controlar el exceso de otras como jabalís o ciervos.

FUENTE: http://www.diariodelaltoaragon.es