El Gobierno de Aragón sostiene que la caza genera un negocio de más de cinco millones semanales, una “contribución positiva” a la economía en la que “contribuyen indudablemente a la mejora general” aspectos como “la disminución de accidentes de tráfico y, sobre todo, de los daños agrícolas producidos por especies cinegéticas”.

En realidad, el ejecutivo considera que la aportación de la caza al PIB aragonés es mayor, ya que los efectos de esas dos últimas actividades no fueron incluidas “por tratarse de parámetros de muy difícil estimación” en el informe de la consultora Deloitte que hace suyo en una respuesta al diputado del PP Ramón Celma.

Este último se había interesado por “la política general del Gobierno de Aragón en materia de caza y pesca”, a las que se refiere como “mucho más que la práctica de un deporte” por sus “efectos en materia económica y en el ámbito del desarrollo rural”, además de influir “positivamente en el desarrollo medioambiental”.

El ejecutivo, que considera esta actividad “una actividad sostenible que contribuye a la mejora de la economía aragonesa”, avala en la respuesta las conclusiones del informe “Impacto económico y análisis de gasto cinegético en la Comunidad de Aragón”, elaborado por la consultora para la Federación de Caza con datos de 2015, y que señala ese año “las actividades cinegéticas en Aragón contribuyeron con 263 millones de euros al producto interior bruto aragonés, así como al mantenimiento de 8.693 empleos”, unos flujos que “se generaron en el 92,3% del territorio aragonés y durante todos los meses”.

Más empleo que el agua, la energía y el reciclaje

Llama la atención la magnitud de los efectos económicos que el estudio atribuye a la caza, que superan el 0,7% del PIB (36.054 millones de euros el año pasado) y que equivale a la quinta parte del que generan la banca y los seguros (1.253) y a la cuarta de la cultura y las actividades recreativas y culturales (1.049).

En cuanto al empleo, esos 8.693 empleos superan con creces a los 7.300 que generan la energía, el agua y el reciclaje en la comunidad, según la EPA (Encuesta de Población Activa) del primer trimestre de este año, están cerca de triplicar a los de las actividades inmobiliarias (3.200), se acercan al volumen de ocupación de la banca y los seguros (9.800) y rondan la cuarta parte de la agricultura (36.000), esta última con altibajos por su carácter estacional.

En Aragón, donde el año pasado había más de 50.000 cazadores registrados y donde el volumen de animales abatidos ha “aumentado en más de 200.000 ejemplares en el último decenio”, están autorizados 1.352 cotos: 1.070 deportivos y municipales, 259 privados y 23 intensivos de caza menor.

Los primeros no pueden gestionarse como actividades lucrativas mientras que en los segundos “al menos el 70% de los ingresos deben revertir en el acotado, pudiéndose destinar hasta un 30% a la financiación de actuaciones de interés general de los ayuntamientos”.

A esas cifras se les suman las 219.000 hectáreas que gestiona directamente la comunidad a través de las reservas de caza y los cotos sociales de caza.

La única comunidad que paga los daños de los accidentes

En este sentido, el Departamento de Desarrollo Rural contempla como objetivo “continuar con el fomento de las tradiciones cinegéticas sostenibles en nuestro territorio y establecer las bases que contribuyan a la mejor práctica” por su efecto en las economías rurales. “La legislación y normativa que se impulsa puede considerarse como una de las que, en España, más favorecen la actividad venatoria de la caza salvaje”, añade en su respuesta el consejero, Joaquín Olona.

El Gobierno de Aragón destina anualmente algo más de dos millones de euros a través de la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca y del Inaga (Instituto Aragonés de Garantía Ambiental) para el estudio y conservación de las especies cinegéticas, la expedición de licencias, el pago de indemnizaciones por accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas y el mantenimiento y la contratación del personal de las reservas y los cotos sociales que gestiona directamente.

Se trata, añade, de “la única comunidad en la que la Administración autonómica abona el pago de indemnizaciones por accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas”, una decisión que atribuye a la “fuerte demanda del sector”.

FUENTE: https://www.eldiario.es