La Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad Valenciana (ADECACOVA) ya denunció recientemente “el calvario que es sacar la licencia de caza en la Comunidad Valenciana”, por la excesiva burocracia, la cantidad de papeles que hay que presentar todos los años y el sistema tercermundista que sigue utilizando la Generalitat Valenciana para su expedición; y dio soluciones para solucionar el problema, pero hacen oídos sordos. Pero al paso que va la Generalitat en la pérdida de licencias de caza y de cazadores, lo que se traduce en dinero que deja de ingresar en las arcas públicas, en poco tiempo tendrá que cobrar a los ciudadanos un impuesto para acabar con los jabalíes, que tanto problema está produciendo en la actualidad.

Según los datos facilitados por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural (que se pidieron el verano del 2016 y se han recibido en el otoño del 2017), la diferencia entre el dinero recaudado en licencias de caza por la Generalitat Valenciana entre los años 2014 y 2015 ha sido:

Ingresos de la Generalitat Valenciana en Licencias de Caza:

Año 2014. Valencia 486.110 € Castellón 227.091 € Alicante 295.452 € Total 1.008.653 €.

Año 2015. Valencia 340.706 € Castellón 208.075 € Alicante 182.468 € Total    731.249 €.

La Generalitat Valenciana dejó de ingresar en el año 2015 en las arcas públicas, con respecto al año anterior, la cantidad de 277.399 € en licencias de caza, lo que se traduce en menos cazadores.

Si hasta ahora han sido los cazadores los únicos que han hecho sus deberes para reducir los daños que vienen produciendo los jabalíes a la ciudadanía (accidentes de carretera, daños a las tierras y cultivos agrícolas, peligro de embestidas por su proximidad a los vecinos, transmisión de enfermedades a la ganadería, etc.), pues los demás pocos deberes han hecho (limpiar de maleza: montes, ríos, afluentes y barrancos, y campos abandonados; realizar pasos de fauna en carreteras y señalizar zonas de alta siniestralidad; legislar para agilizar y facilitar su captura y pagar los daños que provoca; etc.), mal lo tienen los Alcaldes y sus Ayuntamientos para reducir y dar solución a los múltiples problemas que tienen sus ciudadanos con los jabalíes, con esta reducción de cazadores.

Esa disminución de cazadores en un año, demuestra la falta de interés por parte de la Generalitat Valenciana por la caza, de la que tiene todas la competencias; los obstáculos que impone para poder practicarla (licencias de caza inalcanzables pidiendo día y hora para sacarlas, planes de ordenación carísimos y complicados, burocracia por un tubo, etc.), los pocos recursos tanto económicos como personales que dedica a ella (el poco dinero que dedica para quien lo genera, la carencia de servicios y de personal que los atienda, etc.) y la falta de ayudas, ideas y de medios para dar solución a sus problemas (el parany: el cesto malla recibe un informe desfavorable para la caza de tordos; el arruí, el Tribunal no lo permite cazar; los fringílidos, la UE lo quiere prohibir; etc.).

Si la Generalitat Valenciana sigue por ese camino y no hace nada con ese acoso y derribo a la caza y a los cazadores, al paso que van, los vecinos tendrán que salir con palos y azadas para defenderse de los jabalíes, y la Generalitat tendrá que poner personal especializado pagado por la ciudadanía para que los cacen, algo que hasta ahora ha ido a cargo y por cuenta de los cazadores y de sus bolsillos.